El Pregonero, SANTO DOMINGO.-Durante el conocimiento de la medida de coerción por corrupción administrativa a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy no fue acreditada frente a el magistrado por ningún médico forense la supuesta situación de vigor que alega el imputado con el propósito de eludir la prisión preventiva que se corresponde a la solemnidad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de todos los afiliados al Seguro Franquista de Sanidad (SeNaSa).

“La condición de vigor que alega Santiago Hazim no ha sido acreditada por ningún médico forense”, indica el Ocupación Conocido.

“El imputado y su defensa recurren ahora al tema de vigor para eludir el proceso, pero todos los testigos establecen que el imputado se desempeñaba con toda normalidad en el SeNaSA y en su vida social privada”, señaló el Ocupación Conocido.

“Ahora el procesado alega unas complejidades de vigor de las que no se ha aportado evidencia”, precisa.

Recordó que el procedimiento para que un tribunal pondere un referencia médico, en materia contencioso, es que un perito designado por el Ocupación Conocido o tribunal establezca la condición de vigor del procesado, situación que no ha ocurrido en el caso del principal imputado de los arrestados en la Operación Cobra.

Hazim Albainy encabezaba la red de corrupción administrativa que sustrajo miles de millones a costa del Estado dominicano y a través del SeNaSa, entidad en la que desfalcaron con más de 15 mil millones de pesos.

Durante la audiencia del caso celebrada el pasado viernes, en la que el Ocupación Conocido solicitó que se le impongan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declare el proceso de tramitación compleja, Hazim Albainy alegó una condición de vigor que su defensa salió a pregonar frente a los medios informativos.

El víscera del sistema de sucursal de jurisprudencia estableció frente a la Oficina Sumarial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista que la prisión preventiva es la medida más adecuada para aplicar a varios imputados, encabezados por Hazim Albainy y el asesor Legal del SeNaSa Germán Robles, quienes figuran entre los imputados que solo en sobornos recibieron más de 2 mil millones de pesos.

El Ocupación Conocido establece que en relación a Hazim se dan todos los criterios de solemnidad de un caso enormemente complicado y oneroso, entre las que destacan:

-La pluralidad de víctimas e imputados
-El oneroso daño causado a la sociedad.
-La condición de funcionario de Hazim Albainy, lo que implicaba una posición de avalista del correcto funcionamiento y servicios de vigor frente a los millones de afiliados a la ARS pública.
-La naturaleza de los delitos, al tratarse de hechos que afectan un correctamente legal de gran relevancia, como lo es el derecho fundamental a la vigor.
-Las falsificaciones y adulteración de documentos que hicieron los imputados por abriles para ocultar sus acciones criminales.
-Se comercio de una red de crimen organizado que operó con la sistematicidad y disposición que caracterizan a una estructura criminal.
-El hecho de que el principal imputado tomó acciones para la ocultación de caudal que obtuvo producto de sus acciones criminales.
-Las maniobras planificadas con deslealtad que desplegó Hazim Albainy para evitar que investigados en el proceso hablaran con el Ocupación Conocido.

El proceso

Pasada la 1:00 de la alba del sábado, el magistrado Rigoberto Sena decidió fijar para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su osadía sobre la medida de coerción.

Durante el conocimiento de la audiencia tres de los imputados admitieron los hechos frente a el tribunal. De acuerdo con sus testimonios pagaron sobornos a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como a otros exfuncionarios de esa entidad estatal.

En el proceso el Ocupación Conocido ha presentado un expediente importante de pruebas que contienen más de 138 pruebas documentales, más de 35 pruebas testimoniales y pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos.

Entre otros delitos, al peña se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.