El gobierno dominicano emitió una respuesta afirmando que República Dominicana tiene “el derecho y la obligación” de regular la entrada, permanencia y salida de personas en su departamento.

En su respuesta, las autoridades dominicanas manifestaron que están comprometidas con la protección de los derechos humanos, pero están obligadas a cumplir y hacer cumplir sus normas internas.

Igualmente afirmaron que la crisis en Haití ha generado “presión migratoria”, que República Dominicana ha tenido que soportar de forma desproporcionada durante décadas.

Asimismo, afirmó que las medidas migratorias del país obedecen a la aprieto de encargar el mencionado flujo migratorio y evitar los pertenencias negativos que esta situación pueda tener en el departamento dominicano.

“Ningún Estado puede ser obligado a responsabilizarse la protección o prestación de servicios a la población de otro Estado en caso de colapso de este extremo”, se lee en parte del comunicado.

“En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a aplicar el principio de no devolución de forma militar a todos los migrantes en situación migratoria irregular, pues esto equivaldría a compeler al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar a nuestro departamento, incluso de forma irregular”, continúa el documento.

LA RESPUESTA COMPLETA SIGUE:

“RESPUESTA DEL GOBIERNO DOMINICANO AL DECLARACIÓN DE LA CIDH DEL 6 DE FEBRERO DE 2026”

República Dominicana toma nota del pronunciamiento emitido ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las políticas migratorias del Estado. En este contexto, manifiesta clara y responsablemente su posición, reafirmando su compromiso de larga data con la protección de los derechos humanos y, simultáneamente, con la legítima implementación de su ámbito forense interno.

El engendro migratorio que enfrenta el país debe ser analizado en el interior de su contexto regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y admirable. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada en presencia de una crisis que trasciende sus fronteras.

En control de su soberanía, la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular la entrada, estancia y salida de personas de su departamento. Este poder no es discrecional ni injustificado: se ejerce de conformidad con la Constitución, la fuero doméstico y los estándares internacionales de derechos humanos. Como lo ha agradecido repetidamente el propio sistema interamericano, el poder de constreñir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.

Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la legítima aprieto de encargar de forma ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar su impacto placa en la cohesión social y el consumición manifiesto. Ningún Estado puede ser obligado a responsabilizarse la protección o prestación de servicios a la población de otro Estado en caso de colapso de este extremo.

En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a aplicar el principio de no devolución de forma militar a todos los migrantes en situación migratoria irregular, pues esto equivaldría a compeler al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar a nuestro departamento, incluso de forma irregular.

En ocasiones anteriores, el gobierno dominicano ha afirmado que la crisis haitiana no impide el cumplimiento de las leyes de inmigración dominicanas. La crisis haitiana constituye un desafío regional que requiere una respuesta colectiva. No hay una opción dominicana a la crisis haitiana. La República Dominicana seguirá abogando activamente en foros multilaterales por una energía internacional efectiva, solidaria y compartida.

En el campo de acción de vigor, República Dominicana reafirma que a ninguna persona se le niega atención médica de emergencia por su status migratorio. Los protocolos de coordinación entre las autoridades de vigor y de inmigración tienen como objetivo estimular la prestación de servicios en medio de una suscripción demanda, al tiempo que mejoran la protección de las mujeres embarazadas, los niños y los pacientes con micción especiales.

En los centros de procesamiento migratorio, el Estado ha venido implementando mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación con las instituciones pertinentes. La República Dominicana mantiene una política de tolerancia cero con destino a cualquier trato inhumano o degradante.

El Estado dominicano observa con preocupación que el comunicado de la CIDH parece priorizar denuncias no verificadas sobre información oficial presentada por autoridades nacionales. Reitera su voluntad de participar en un intercambio de datos técnico y transparente y enfatiza que cualquier evaluación debe incorporar fuentes verificables y el contexto regional que explica la admirable presión migratoria.

La protección de los derechos humanos y la defensa de los intereses nacionales no son objetivos contradictorios. La encargo ordenada y soberana de la migración es esencial para preservar la estabilidad institucional y certificar los derechos de todas las personas bajo la competencia del Estado.

En ese espíritu, República Dominicana reitera su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH basada en el respeto mutuo y la buena fe. El país valora el sistema interamericano como un foro de diálogo y mantiene canales institucionales abiertos para avanzar en soluciones equilibradas que protejan los derechos humanos y respeten la soberanía dominicana.