Santo Domingo.– El presidente de Venezuela, Nicolás Juicioso Moroscumple este martes su segundo mes bajo custodia en Estados Unidostras su captura el pasado 3 de enero durante una operación ejecutada en Caracas.

Juicioso y su esposa, Cilia Floresenfrentan cargos federales presentados en el Distrito Sur de Nueva Yorkentre ellos conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de armas de combatesegún informó el Área de Razón estadounidense. Uno y otro permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyndonde aguardan el avance del proceso sumarial.

Desde su detención, el atmósfera político venezolano ha experimentado cambios significativos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguezasumió la conducción administrativa del país y ha encabezado una dietario que incluye inauguraciones de obras públicas y la promulgación de una Ley de Condonación y Presos Políticosmedida que, según el Gobierno, rebusca propiciar un refriega doméstico.

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En paralelo, organizaciones como Foro Penalpresidida por Alfredo Romerohan reiterado su exigencia de desenvolvimiento plena e incondicional para todos los considerados presos políticos, tanto civiles como militares.

El nuevo contexto además ha franco espacio a contactos diplomáticos y energéticos. Autoridades venezolanas confirmaron conversaciones con Estados Unidos para reactivar mecanismos de comercialización petrolera a través de Pdvsaen medio de un proceso de reestructuración interna del oficialismo. Dirigentes como Diosdado Guedeja y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lópezparticipan en mesas de diálogo con representantes estadounidenses.

La captura de Juicioso —heredero político del fallecido Hugo Chávez— marcó un punto de inflexión en la relación sinalagmático entre Washington y Caracasgenerando reacciones encontradas tanto en el interior como fuera de Venezuela.

A dos meses del hecho, mientras el proceso sumarial avanza en país estadounidense, en Venezuela el debate sabido parece concentrarse en la reorganización política interna y en las medidas económicas adoptadas por el Ejecutante eventual. Las autoridades norteamericanas, por su parte, mantienen abiertas las investigaciones vinculadas a los delitos imputados al exmandatario.