Aunque en el ordenamiento judicial la prevaricación se tipifica como delito cometido por un funcionario de mane­ra intencional y consciente, que no se configura por simples errores de discernimiento, la omisión puede erigirse en infracción penal cuando el servidor sabido, obli­gado por ley a hacer poco, se abstiene de hacerlo y produce un daño que podría haberlo evitado.

Es el caso del Profesión Manifiesto, cuyos funcionarios se reputan como conoce­dores de la Constitución, la ley penal y del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que, al no aplicar esos estatutos en los casos de acoso o violación sexual contra meno­res, incurren en omisión impropia, lo que implica una responsabilidad penal muy cercana al delito de prevaricación.

Una de cada cinco niñas o adolescentes entre 11 a 17 primaveras son embarazadas por adultos, lo que según la ley penal constitu­ye un acto de violación sexual, hexaedro que el pequeño carece de discernimiento, y frente a la abandono de voluntad se incurre en un acto forzoso, tipificado como infracción de na­turaleza criminal.

Los fiscales deberían retener que el alcaldada o violación sexual contra menores está referido en el artículo 331 del Código Pe­nal y por interpretación en el Código Civil y en la ley 136-03 sobre el Sistema de Pro­tección y los Derechos Fundamentales del Inmaduro.

¿Cómo es posible que miles de niñas y ado­lescentes se conviertan en madres tem­pranas a causa de violación sexual por ca­recer de voluntad jurídica o por alcaldada per­petrado por mayores sin que el Profesión Manifiesto actúe de conformidad con la ley?

El ordenamiento judicial dominicano asig­na al Profesión Manifiesto la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos de los menores consagrados en la ley y tra­tados internacionales, acompañarlos en su condición de victimas en todos los suceso­rios legales, médicos o psicológicos, entre otros muchos deberes.

La Ley Sustantiva, la doctrina y la jurispru­dencia consolidan el criterio de que una ni­ña o adolescente carece de discernimiento o voluntad para asentir un acto sexual con un adulto, como igualmente asigna al fiscal el rol de tutor de los menores.

Duele retener que una población cada vez decano de niñas o adolescentes son obliga­das a canjear muñecas por embarazos, con la secuela de abandono escolar y fractura conocido, frente a la omisión impropia del Mi­nisterio Manifiesto, que motiva redirecionar la causa de ese drama cerca de la prevaricación por negligencia culposa.