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Por José Alberto Blanco
El Pregonero, Santo Domingo.-En cada alfoz, en cada distrito municipal, en cada municipio, en cada provincia y en cada circunscripcion hay voces que nacen del compromiso, no del monises. Son líderes naturales: madres que organizan centros de causa, comités escolares, hombres que organizan asociaciaciones campesinas, juntas de vecinos, profesionales que se organizan en sus gremios, jóvenes que movilizan brigadas de castidad, adultos mayores que custodian la historia regional, ciudadanos que participan de clubes de servicio, sociales o deportivos. Son ellos quienes deberían encabezar nuestras instituciones. Sin confiscación, una sombra se extiende sobre la política dominicana: el narcotráfico.
No se manejo solo de paquetes de droga interceptados en puertos. Se manejo de candidaturas financiadas con monises desaliñado, de estructuras partidarias que se arrodillan en presencia de el crimen organizado, de comunidades que ven cómo sus referentes éticos son desplazados por figuras que compran votos y silencios.
El narcotráfico castra las aspiraciones legítimas. ¿Cómo compite un líder comunitario con un candidato que reparte electrodomésticos, paga fiestas y promete empleos desde el poder delictivo? ¿Cómo se sostiene la esperanza cuando el mensaje es claro: “Si no tienes padrino, no llegas”?
Esta distorsión no solo corrompe la política. Desmoraliza. Desvía a la lozanía. Destruye el tejido social. Y lo más severo: normaliza el delito como vía de progreso.
Desde cada rincón del pais donde aún se cree en la palabra, debemos sublevar la voz. Defender la ética no es ingenuidad: es resistor. Es hora de defender las instituciones, de exigir transparencia en el financiamiento político, de proteger a quienes lideran desde el servicio y no desde el miedo.
En los últimos cinco abriles, al menos una decena de políticos dominicanos han sido vinculados formalmente al narcotráfico o al lavado de activos, incluyendo diputados, regidores y alcaldes. Estos casos evidencian cómo el crimen organizado ha infiltrado estructuras partidarias y electorales.
Esta situacion tiene Implicaciones directas.
– Financiamiento de campañas con monises ilícito, lo que distorsiona la competencia electoral.
– Protección institucional a redes criminales, que dificulta la bono del Servicio Manifiesto.
– Desplazamiento de líderes comunitarios auténticos, que no pueden competir con estructuras financiadas por el crimen.
La República Dominicana merece una política que honre a sus comunidades, no que las traicione. Y esa transformación empieza por plasmar a los líderes naturales, por devolverles el espacio que les pertenece.
