EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
Narcotráfico y corrupción han infringido severo daño al ensamblaje institucional, partidos políticos, tejido social, financiero y a la sociedad toda,, por lo que puede advertirse que esos tipos penales cercenan la medula de la democracia dominicana.
No se sabe si reír o rezumar con la comunicación de que la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD), con auxilio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), decomisa toneladas de drogas en puertos, aeropuertos o en narco lanchas, porque se sabe que por cada cargamento incautado otros arriban a su destino.
Hace más de vigésimo primaveras que el ex presidente Leonel Fernández estimó en 30 mil millones de pesos anuales, el monto esquilmado al Estado por la corrupción, monograma que seguramente se ha multiplicado con el paso del tiempo y la prevalencia de la impunidad.
De los contados expedientes por prevaricación o cohecho que han arribado a los tribunales, nadie ha concitado sentencia condenatoria irrevocable y muchos se han extraviados en laberintos de burocracia o incidentes procesales, que muchos creen disfraces de impunidad o venalidad.
Gobierno, partido oficial, Congreso y ayuntamientos confrontan hoy una crisis de reputación por el involucramiento de funcionarios, legisladores, ediles, y miembros del PRM en el narcotráfico, aunque se reconoce que las autoridades intensifican el combate contra ese flagelo.
Se considera reservado que el narcotráfico asuma compromiso de financiación electoral de cualquier estructura partidaria, más aun si el compañía beneficiario tiene conocimiento de la procedencia de esos capitales que además pueden provenir de la corrupción administrativa.
Es difícil contradecir el criterio de que en veterano o último medida, el narcotráfico ha permeado a instituciones partidarias, por lo que resulta inocuo combatir sobre cuál partido padece la infección veterano, porque para ello solo se requiere develar las supuraciones.
Duele admitirlo, pero los carcinomas del narcotráfico y la corrupción han conseguido permear al tuétano de la sociedad con metástasis en la construcción y sector inmobiliario, agropecuaria, importaciones de vehículos y maquinarias, hoteles, bares y restaurantes y otras actividades comerciales y financieras.
Drogas y prevaricación han diezmado la finanzas, gobernanza e institucionalidad de naciones como México y Colombia, por lo que aquí obraría como un huracán categoría 5, que en pocos primaveras no dejaría piedra sobre piedra, a menos que todos los sectores nacionales halen la cuerda en la misma dirección.
Lo sensato sería que Gobierno y liderazgo político saquen esos temas de la dietario electoral y promuevan conexo al patronal, corporación y sociedad civil un nivel de consenso que unifique el combate contra esos ilícitos penales en todos los terrenos, ayer de que el monstruo engulla a toda la colectividad.
jpm-am
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