EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.
Aseverar que el voto preferencial es el principal asociado del narcotráfico en la política dominicana sería una forma muy evidente de ceñir el problema a un solo coeficiente, cuando la efectividad es que existen muchos.
Sin bloqueo, no podemos desligar esta efectividad de una situación que, de no ser conjurada a tiempo, terminará minando la credibilidad de los partidos políticos, del sistema tolerante y la confianza del electorado en el voto como mecanismo idóneo para poner y quitar autoridades de sufragio popular.
El voto preferencial fue ideado como una forma de democratizar las oportunidades de desempeñar el derecho a ser elegibles en los procesos políticos, ya que antaño de su existencia, el liderazgo decano de las formaciones políticas preparaba listas cerradas encabezadas por figuras prominentes de la sociedad dominicana.
Se sabía que esas figuras tenían escasas posibilidades de obtener un proceso interno enfrentando al tigueraje de los partidos, razón por la cual se les colocaba en posiciones “ganables” como diputados o concejales.
Las listas quitaban la oportunidad a los de debajo, a quienes supuestamente se abrieron opciones más viables mediante el voto preferencial y el método d’Hondt, otra extravío de la democracia electoral.
Pero, ocurre que el voto preferencial lo que hizo fue privilegiar a quienes disponen de más posibles para hacerse de una candidatura interna, en primer término, y seguidamente de un escaño en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales divididos por circunscripciones electorales.
Esto abrió una vía proporcionado ancha para que individuos sin compromisos con la democracia, con mucho pasta de dudosa procedencia y con sed de sobresalir, se hicieran con puestos electivos mediante la fiesta de los posibles económicos.
Bajo la consigna inversa de “pasta contra vergüenza” hemos conocido cómo los cuerpos legislativos —Congreso Doméstico y Ayuntamientos— han estado plagados de este tipo de gentes, cuya proceder en los bajos fondos muchos conocen, menos las cúpulas partidarias.
Es por ello que, cuando la cuestión toca los linderos de crisis honrado, se reacciona para tratar de restablecer las organizaciones de este contagio que tiene que ser oportunamente atajado.
En tal virtud, para que las formaciones políticas puedan evitar la infiltración de delincuentes, tienen que ir más allá de un simple papel de buena conducta, que es emitido por la Procuraduría Genérico de la República en cojín a que el solicitante no figure en expediente ni haya sido procesado.
Según lo que se ha sabido, ninguna de las personas encartadas en procesos por supuesto narcotráfico en los Estados Unidos ha tenido expediente en la República Dominicana, lo que significa que estaban limpios cuando incursionaron en la actividad política con fines de hacerse de una posición electiva.
El arqueo profundo puede ser posible, inclusive con la evidente ayuda de los vecindarios, donde todos se conocen y todos saben de qué pata cojea cada cual.
Nelsonencar10@gmail.com
jpm-am
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