Por Adriana Díaz Tirado

SAN JUAN.- Al prohibir a sus empleados colaborar en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), el Municipio de Aguadilla aprobó dos ordenanzas para declararse “ciudad santuario” y crear un especie de respuesta para proteger los derechos de la comunidad migrante en el pueblo, donde hay una inscripción presencia de agencias federales.

Hace tres semanas, el Municipio de Hormigueros además aprobó una decreto para declararse “ciudad santuario” en protección de los inmigrantes y garantizarles servicios esenciales.

“Nos posicionamos en el flanco correcto de la historia. Esta decreto es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, subrayó el corregidor de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, en comunicado de prensa, al dar a conocer los decretos.

LIMITAN COOPERACION CON FEDERALES

La Norma Núm. 82, firmada el 26 de junio, establece protocolos que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración, como ICE o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), “fuera de que exista una orden legal válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública”.

La Sesión Municipal de Aguadilla además avaló la Norma Núm. 83, que ordena crear un equipo de trabajo de respuesta interdisciplinario que será activado cuando se identifiquen redadas o intervenciones con inmigrantes.

“Esta iniciativa rebusca ofrecer una respuesta estructurada, solidaria y efectiva delante intervenciones del ICE en la región”, precisó Roldán Concepción.

Para la redacción de sus ordenanzas, el Municipio de Aguadilla utilizó dos modelos diseñados por la Unión Saco de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, que tienen como objetivo la protección de los derechos civiles y humanos de las personas inmigrantes que residen en el archipiélago.

«DETENCIONES ILEGALES»

“A lo derrochador de este año, Puerto Rico ha sido testificador de detenciones ilegales de personas inmigrantes, con un trato cruel e inhumano. Con el diseño de estas ordenanzas, que tenemos disponibles para los 78 municipios de Puerto Rico, buscamos contrarrestar esa verdad”, sostuvo, por su parte, la licenciada Lolimar Paje Rodríguez, abogada de Política y Estatuto de la ACLU de Puerto Rico.

Del 26 de enero al 25 de junio, ICE ha arrestado, en Puerto Rico, a 716 personas de 41 nacionalidades, en su vasta mayoría dominicanos (528). El 87% de los osadía han sido por violaciones a leyes migratorias, es asegurar, personas que no cargan con récord criminal.

El Nuevo Día reportó esta semana que un número indeterminado de detenidos ha sido llevado, precisamente, a Aguadilla, donde el ICE opera un centro temporero de detención. En ese municipio, el ICE operaba un centro de procesamiento que fue cerrado hace más de una período por violaciones de derechos civiles.

EN AGUADILLA SE UBICAN VARIAS AGENCIAS

En Aguadilla ubica la Saco Ramey, en la que hay operaciones de diferentes agencias federales, como la CBP, que procesa inicialmente a las personas que son intervenidas en embarcaciones ilegales o “yolas”.

De acuerdo con el corregidor, la Norma Núm. 82 garantizará la confidencialidad de la información personal de los residentes y prohíbe expresamente la utilización de medios municipales para apoyar operaciones migratorias “arbitrarias”, como las que se han reportado en Puerto Rico desde finales de enero. El decreto ordena que continúe el golpe igualitario a servicios esenciales, como salubridad, educación y seguridad.

Roldán Concepción indicó, en tanto, que el equipo de respuesta a las redadas estará compuesto por representantes de diversas dependencias municipales y tendrá como objetivo principal coordinar acciones de apoyo, orientación y protección a las personas impactadas por estas operaciones.

“Este equipo es una utensilio de ecuanimidad y humanidad. Aguadilla no permitirá que el miedo ni la incertidumbre desintegran a nuestras familias ni vulneren los derechos de nuestros residentes”, acotó.

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