Por: Oscar Quezada

En Punta Cana conviven dos realidades que rara vez se cruzan. Por un costado, el dinamismo financiero que la proyecta como marca país y motor turístico franquista.

Por otro, una vida comunitaria fragmentada, marcada por la apatía de muchos residentes (dominicanos y extranjeros) frente a los asuntos de interés global.

Este destino, encumbrado con el empuje de la inversión privada y el trabajo de miles de inmigrantes internos, se ha convertido en un moyálico sociocultural. Aquí viven personas de todas las provincias y de múltiples países.

Sin requisa, esa pluralidad, que debería traducirse en riqueza cívica, muchas veces deriva en desconexión. Se habita el división, pero no siempre se asume pertenencia.

La situación es más evidente en los residenciales cerrados. Decenas de complejos de suntuosidad operan como pequeñas islas, con seguridad privada, servicios propios y una rutina que transcurre puertas adentro.

Quienes viven allí, rara vez participan en juntas de vecinos, debates públicos o espacios de discusión sobre problemas tan concretos como el caos del tránsito, calidad del agua o el ordenamiento urbano.

Es sostener, para los residentes de esas «burbujas» la ciudad auténtico parece comenzar a posteriori del portón eléctrico.

En temporada electoral la apatía se hace más notoria. Aun teniendo cédula dominicana, casi nadie sale a elegir. No se involucran en campañas, no asisten a encuentros con candidatos ni proponen carencia.

Esa desaparición tiene consecuencias. Las decisiones quedan en manos de una minoría activa, mientras una mayoría silenciosa observa desde la comodidad de su entorno privado.

Y el resultado es, entonces, una ciudad que crece sin cohesión social. Si Punta Cana aspira a consolidarse como un municipio musculoso y sostenible, necesita ciudadanos comprometidos con su mejora.

La prosperidad aislada no es igual de bienestar colectivo. La verdadera fortaleza de una ciudad está en su familia, cuando decide involucrarse.

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