30 abriles de gayola. La pena máxima de gayola que la reglamento venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 abriles.
Sin incautación, la profesional de la sanidad no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un agrupación de vecinos de la pueblo de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a sufragar en contra de Nicolás Provecto y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días posteriormente de los comicios, que según el Consejo Franquista Electoral (CNE) ganó Provecto aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha testimonio, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la indeterminación del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían interviuvar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin entender de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La cinta de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron en presencia de la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
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El caso de Orozco forma parte de los procesos judiciales contra ciudadanos que han ejercido su derecho a la excarcelación de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es total”.
Pero en la albor del día de Navidad la médica fue una de las 71 personas detenidas desde las elecciones presidenciales que fueron excarceladas, reportaron el Comité por la Permiso de los Luchadores Sociales y el Foro Penal Venezolano.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en peligro la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Dorado Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la pueblo, conspiración e incitación al odio, relataron quienes presenciaron el acto donde se leyó la condena.
¿Pero qué dijo la doctora para ser sentenciada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a sufragar (contra Provecto) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora negó que su religiosa cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o mosquear cauchos (neumáticos). Ni siquiera pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanasEE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de extirpación -entre las que está su portaaviones más innovador y ancho, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito evidente de combatir el narcotráfico.
Sin incautación, desde Caracas sostienen que este despliegue marcial en efectividad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno incluso sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Cordura de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el equivocación no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la honradez.
En marzo pasado, la jueza Dorado rechazó permitirle a la doctora seguir el causa en excarcelación condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la honradez”.
La dureza de la condena y el momento en que se produjo daban pocos motivos para creer que la doctora recibiría alguna medida de excarcelación condicional.
El opinión se produjo semanas posteriormente de que el ministro del Interior, Diosdado Pelo, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una intervención marcial extranjera.
“Si algún decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a admisiblemente ejercitar”, alertó semanas antes.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una cinta de 17 minutos congruo agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia auténtico o presunta a determinado agrupación social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de mercancías, de expresión de mercancías o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a vigésimo abriles, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La ambigüedad y amplitud de la disposición le ha querido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercitar la excarcelación de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la estructura Espacio Divulgado.

Ayer de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 abriles, quien fue sentenciado a 15 abriles de gayola por un audio que envió a un agrupación de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas posteriormente, Randal Telles, una estudiante de dispensario de 22 abriles del llanero estado Barinas, fue condenada incluso a 15 abriles de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Provecto y a Pelo. No obstante, su grupo sostiene que la cinta no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia industrial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal genérico de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica reglamento contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La excarcelación de expresión no es un derecho total, tiene límites. Y en Venezuela hay una reglamento que lo regula”, advirtió un funcionario procesal en gimnasia bajo condición del anonimato.

Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto interiormente como fuera del país.
“Este caso evidencia que la desatiendo de independencia del sistema de honradez venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del trasto represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Honor De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la excarcelación de expresión en Venezuela y genera un musculoso meta inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento procesal de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha adecuado provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
El exdirector de Representación Procesal de la Fiscalía venezolana siquiera consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué entusiasmo concreta llevó a angla la doctora para arruinar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición palabra de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya amigo con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá de ningún modo ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.





