SANTO DOMINGO.– Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción solicitó el Tarea Manifiesto contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, investigado por una denuncia de atentado sexual presentada por una paciente que acudió a su centro de vigor en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
El conocimiento de la medida fue aplazado para el 23 de febrero por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Legal de Servicios de Atención Permanente de Duarte, con el objetivo de realizar una entrevista a la denunciante mediante el sistema de Cámara Gesell.
De acuerdo con el expediente, los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero, rodeando de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de país haitiana, fue referida desde una policlínica del distrito municipal Los Limones, en el municipio de Pimentel, para realizarse una sonografía pélvica en el consultorio del imputado.
La inculpación establece que, durante el procedimiento médico, el diestro habría incurrido en una conducta inapropiada que derivó en la presunta atentado sexual denunciada por la paciente.
Según el Tarea Manifiesto, tras lo ocurrido la mujer presentó de inmediato una denuncia verbal en presencia de la Policía Doméstico, lo que dio emplazamiento al arresto del médico rodeando de las 10:45 de la mañana de ese mismo día.
Las autoridades informaron que, como parte de la investigación, se han recopilado evidencias que, según sostienen, respaldan la denuncia.
Asimismo, indicaron que se encuentran verificando historial del imputado para determinar si existen otros casos similares.
El entraña acusador explicó que los hechos han sido calificados jurídicamente como violación sexual agravada y violencia contra la mujer, conforme a los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal Dominicano.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por la Mecanismo de Atención Integral a la Violencia de Índole, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, encabezada por la fiscal Sandra Sierra Difó, quien pidió que, en caso de imponerse la prisión preventiva, esta sea cumplida en la fortaleza de la provincia.
El proceso se encuentra en etapa preliminar y, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado mantiene sus derechos constitucionales hasta que intervenga una valentía legislativo definitiva.





