
Palacio de Probidad de Santiago de Los Caballeros | FOTO: ROBERTO GUZMAN/PGR
El Servicio Manifiesto solicita a un tribunal de Santiago la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis de los imputados de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de patrimonio apoyados en una estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Encima, pide delante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Probidad, prisión preventiva para cuatro de los imputados reclamados en extradición por Estados Unidos.
Será conocida esta tarde la medida contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, y que ha sido presentada por la Dirección Normal de Persecución del Servicio Manifiesto, inmediato a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
La Oficina Jurídico de los Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para las 4:30 de la tarde de este viernes la audiencia en la que el Servicio Manifiesto solicita por otra parte que se declare el proceso como enredado por tratarse de un caso contra una estructura que operaba en el ámbito de la criminalidad organizada con una pluralidad de imputados y gran número de víctimas, sobre todo personas de destacamento tiempo, afectadas en Estados Unidos.
Los dominicanos Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García (Castaño), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Edward José Puello García (Edward Puello) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez) son reclamados en extradición por Estados Unidos.
Los cuatro enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal y fraude electrónico y asociación delictuosa para cometer lavado de patrimonio.
La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección Normal de Persecución del Servicio Manifiesto; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, inmediato a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En la Suprema el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Servicio Manifiesto, quien explicó que la Suprema fijó la audiencia para la tarde de este viernes.
La investigación que puso en marcha esta semana la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos primaveras en curso y permitió identificar un rama estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de patrimonio, utilizando en su mayoría personas de destacamento tiempo.
Con esta movimiento el Servicio Manifiesto avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
En la Operación 3.0 se ejecutaron 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Doméstico. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.
La operación, que se realizó en forma conjunta con la División Peculiar de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Doméstico, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.






