El Tarea Conocido solicitó la tenebrosidad del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

“Es importante destacar que esta operación (Lobo) casi nada inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más brío y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción frente a la Oficina Legal de Servicios de Atención Permanente del Distrito Franquista.

“Con la Operación Lobo el Tarea Conocido ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el dominio de seguridad privada”, dijo.

“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera etapa del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en colchoneta a esta operación”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.

Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todo el que esté implicado en la estructura desmantelada con la Operación Lobo será sometido a la batalla de la jurisprudencia. “Como les digo, esto casi nada comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la etapa de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.

“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se manejo de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la desenvuelto competencia de otras empresas”, indicó.

Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Tarea Conocido violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, adicionalmente, lo hacen instituciones que atienden deyección de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Franquista de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el avance social y financiero, como las empresas distribuidoras de electricidad.

Adicionalmente de solicitar prisión preventiva contra el anciano normal retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Papada, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Tarea Conocido solicita que el caso sea concreto enredado.

La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Los imputados afectaron, adicionalmente del Inaipi, al Seguro Franquista de Vigor (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Finalidad (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).

La investigación del Tarea Conocido partió de una denuncia remitida al Tarea Conocido por la Dirección Caudillo de Ética e Integridad Ministerial.