
Procuraduría Genérico de la República
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó una cargo contra diez personas físicas y siete empresas supuestamente vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos que fue desmantelada mediante la Operación Camaleón, informó este lunes el Servicio Sabido.
Las irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Instituto Franquista del Tránsito y del Transporte Terrenal (Intrant) y el Servicio de Defensa, que mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó golpe privilegiado a estas empresas, las cuales se utilizaron para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los investigadores ponen como “eje central del esquema” a José Pedazo de pan Gómez Canaan, quien “mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange”.
“Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al boicot tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras críticas y fortuna estratégicos del Estado”, señaló el Servicio Sabido.
Entre los imputados se encuentran, Hugo Beras, exdirector del Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terrenal (Intrant); José Pedazo de pan Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
Incluso, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras frente a el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director oficinista y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas. A la cargo se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
El víscera persecutorio indicó que la investigación recopiló pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado y boicot a infraestructuras críticas.
Incluso de contrabando, falsificación, delitos de suscripción tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.
Por su parte, las empresas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
En el mes de octubre del año pasado, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente declaró el caso difícil e impuso medidas de coerción contra Hugo Beras, José Pedazo de pan Gómez Canaán ‘Jochi’, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, y Carlos José Peguero Vargas.
El Servicio Sabido indicó que José Pedazo de pan Gómez Canaán está señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange; y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, encima del boicot a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Mientras, Hugo Beras está procesado de proveer adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y billete en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia.
Por su parte, Frank Díaz Warden, según el Servicio Sabido manipuló licitaciones y decisiones del Comité de Compras para hacer el bien a empresas del esquema de corrupción.
Adicionalmente, la Fiscalía apuntó los supuestos delitos de otros siete acusados.






