El Profesión Sabido solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los merienda agentes policiales a los que les imputa los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario en perjuicio de los cinco hombres que abatieron la tarde del pasado 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita, en Santiago.

En el caso son imputados los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Yohandy Encarnado, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Benemérito Martínez Trinidad, el dominante maduro Sócrates Fidel Féliz Féliz, el dominante Hairo Mateo Morillo, y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

Los policías están siendo procesados por la asesinato de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 primaveras; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28 primaveras; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly y/o Charli Chasc), de 40 primaveras; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35 primaveras, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 primaveras.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director militar de Persecución del Profesión Sabido; la fiscal titular interina Quirsa Milagros Abreu, y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos presentaron la medida frente a la Demarcación de Atención Permanente del Curia de la Instrucción del Distrito Jurídico de Santiago.

Los fiscales piden la declaratoria de caso arduo y explican, en la medida de coerción, que luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior.

El Profesión Sabido otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano que tipifican la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.

Los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y una KIA, maniquí K5, del año 2013. “Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas” en presencia de una persona testimonio que pudo cincelar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil.

Por otra parte, sustrajeron los DVR de los negocios del circunscripción del hecho, “así como varios teléfonos pertenecientes a distintas personas presentes en el circunscripción, con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación”.
Incluso, agrega la solicitud de medida, llamaron al propietario de un negocio que estaba cerrado solo para que le entregara el DVR del restringido, el cual tomaron y se lo llevaron.

Tras suceder el hecho, la procuradora militar de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director militar de Persecución del Profesión Sabido y a la fiscal titular de Santiago que realizaran una investigación para “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso en cuestión y proceder conforme el resultado de la misma”.