La Dirección Caudillo de Persecución del Empleo Manifiesto inició este martes la presentación de testigos contra la red criminal que borró y alteró circunstancias penales en la almohadilla de datos de la Procuraduría Caudillo de la República tras ser sobornados por particulares.

El procurador fiscal Eduardo Velázqueza la salida de la audiencia, informó que fueron presentados tres peritos que validaron mediante sus informes periciales la existencia de las alteraciones y confirmaron la comisión de los hechos atribuidos a los acusados, al comparecer en presencia de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Franquista.

Dichos informes fueron incorporados en presencia de el tribunal, integrado por la jueza Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.

Entre los peritos, declaró Armando José Díaz Díaz, ingeniero electrónico en comunicaciones y exencargado de Ciberseguridad de la Procuraduría Caudillo de la República, quien presentó ocho informes periciales que certificaron las modificaciones ilícitas en los registros de la almohadilla de datos, una batalla ilegal que permitió desvincular a múltiples personas de procesos penales asociados a sus circunstancias.

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Durante la audiencia, varios acusados hicieron uso de su derecho a la defensa material positivaconfirmando en parte su billete y revelando detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.

El imputado Luis Alfredo Astacio Polanco admitió tener referido rodeando de 50 personas para que se les borraran circunstancias penales, señalando como responsable al entonces encargado de la almohadilla de datos, Alfredo Mirambeaux Villalona, quien realizaba la depuración y fijaba el monto a cobrar. Astacio Polanco dijo que recibía entre dos mil y tres mil pesos por interpretar como intermediario.

Uno de los acusados, Mártires Rosario Reyes, quien laboró como soporte técnico por 14 abriles, admitió tener recibido entre 15,000 y 20,000 pesos, y en ocasiones hasta 40,000 pesos, para dirigir el retiro de fichas penales. Detalló que remitía las cédulas de los interesados a Alfredo Mirambeaux Villalona para refrescar la información ilícitamente.

Asimismo, indicó que Rubén Darío Monbán Santana le enviaba números de cédula a través de la aplicación WhatsApp para el mismo propósito, pagándole sumas de entre 8,000 y 15,000 pesos por cada nerviosismo.

Durante la marcha, Rubén Darío Monbán Santana asimismo se defendió, mientras su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva, aseguró que sus cuentas bancarias fueron utilizadas para acoger pagos vinculados al esquema sin su conocimiento previo.

Por otro flanco, Dilcia Argentina Núñez Santos se abstuvo de resolver en esta ocasión, mientras que Jancely Estala Arias López argumentó que los movimientos de transferencias en sus cuentas correspondían a asuntos de índole personal.

Finalmente, se informó que Alfredo Mirambeaux Villalona sostendrá una defensa negativa en la continuación del discernimiento y que Luis Peña Cedeño adelantó que más delante hará uso de su derecho a la defensa material.

El tribunal calendarizó las audiencias para los días 24 de junio, a las 12:00 del mediodía, y los días 25 y 26 de junio, a las 9:00 de la mañana, respectivamente.