
Procuraduría Caudillo de la República
El Servicio Divulgado puso en marcha la Operación Domo, con la cual desmanteló una red que se dedicaba a la piratería mediante la reventa ilegal de señales de reconocidos canales de televisión y servicio de plataformas de streaming.
Un equipo de 30 fiscales encabeza 19 allanamientos bajo la coordinación de la Dirección Caudillo de Persecución del Servicio Divulgado conjuntamente con la Mecanismo de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Franquista y la Mecanismo de Investigación Criminal (UIC).
La operación se llevó a angla en conjunto con miembros del Unidad de Investigación de Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología (Dicat) y el Unidad Particular de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Franquista.
Adicionalmente, contó con la cooperación internacional del Unidad de Honradez y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Franquista (HSI, por sus siglas en inglés), de los Estados Unidos de Norteamérica.
En los allanamientos, practicados en el Distrito Franquista, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, se ocuparon equipos electrónicos, documentos y vehículos.
El Servicio Divulgado adelantó que los integrantes de la red se lucraban con la reventa de contenidos como programas de televisión, series y películas en violación a los derechos de autor.
Las investigaciones establecieron que los detenidos forman parte de una red de seis imputados, de los cuales cuatro ya habían sido condenados en los Estados Unidos en el año 2017 por hechos similares de piratería digital.
La red utilizaba sofisticados mecanismos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad de plataformas de televisión paga y streaming, ofertando suscripciones ilícitas a nivel doméstico e internacional.
El esquema incluía pagos con criptomonedas y la reventa de accesos, generando millonarias ganancias ilícitas que luego eran colocadas en el sistema financiero.
El caso se suma a las acciones encaminadas por la contemporáneo administración de la procuradora normal, Yeni Berenice Reynoso, para desavenir la criminalidad y la delincuencia en todas sus manifestaciones.
Los integrantes de la red enfrentarán cargos por violación a la propiedad intelectual y lavado de activos, delitos sancionados en Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología, así como la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.




