El Empleo Conocido inició las réplicas a las defensas de los exministros Donald Bélico, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros, en las que refutó con pruebas “fehacientes” la “falsedad” los planteamientos de sus abogados en la audiencia preliminar del proceso por la sustracción de RD$19,000 millones de los contribuyentes.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó el valencia de las pruebas aportadas en el proceso que se conoce en el Cuarto Audiencia de la Instrucción del Distrito Franquista.

“El Empleo Conocido ha iniciado su réplica a los argumentos frente a las acusaciones, desmontando planteamientos con los que las defensas pretenden desvirtuar las pruebas ofertadas”, dijo Ortiz a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal, en el Palacio de Probidad de Ciudad Nueva, en el Distrito Franquista.

“Ha quedado más que claro, con los instrumentos el Empleo Conocido ha demostrado todas las falsedades que por meses viene dando la defensa no solo adentro del tribunal, sino, incluso a la prensa, tomando datos aislados que por sí solos desde su perspectiva parecerían ser ciertos; pero en el día de hoy con instrumentos de pruebas fehacientes, propios del proceso, hemos ido derrumbando uno por uno cada uno de sus argumentos”, apuntó.

“Construyeron un castillo de juego y le estamos retirando su colchoneta”, agregó.

Durante la réplica del Empleo Conocido, la titular de la Pepca dijo a la jueza Altagracia Ramírez que las barras de abogados de los acusados se vieron imposibilitadas de defender a sus clientes de la sólida denuncia contra los cabecillas de una red de corrupción enfrentada por el Empleo en el año 2023 cuando puso en marcha la Operación Calamar.

Pidió el rechazo al pedimento de excepción de las pruebas que fueron debidamente recolectadas por el Empleo Conocido.

Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Empleo Conocido unido a los fiscales Miguel Collado, Elvira Rodríguez, Jhensy Víctor, Melbin Romero y Miguel Crucey. “En su afán de confundir, la defensa usa los metadatos de forma maliciosamente incorrecta”, expresó delante el tribunal.

El expediente por presunta corrupción

Según la nota de prensa del Empleo Conocido, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

En este caso presentó denuncia contra 46 personas físicas y jurídicas.  El comunidad es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escalera sin precedentes y lavado de activos, entre otros.

En este expediente, el entraña acusador incluso imputa al abogado Encanto Lockward, y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Gratitud de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Franquista, Claudio Silver Peña.

Asimismo, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Bélico, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnado.

La audiencia fue aplazada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.