
El Profesión Manifiesto confía en que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificará los 18 meses de prisión preventiva impuestos a dos mujeres que formaban parte de una red vinculada a una estafa inmobiliaria y al lavado de activos.
La audiencia donde se conocerá el memorial de apelación interpuesto por las imputadas Rocío Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco fue aplazada hasta el próximo 11 de julio a solicitud de la parte querellante, con el objetivo de que el tribunal notifique el memorial a las más de 170 víctimas que se han denunciado frente a el Profesión Manifiesto.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana que llevan el caso dijeron esperar que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, presidida por el sentenciador Glass Gutiérrez, declare el memorial inadmissible y ratifique a las imputadas la medida privativa de licencia.
La prisión preventiva por18 meses fue impuesta el pasado 25 de febrero por la jueza Margarita Cristo Cristo, de la Oficina Jurídico de Servicios de Atención Permanente de La Romana, para asegurar la presencia de las imputadas en todos los actos del proceso procesal.
El Profesión Manifiesto realizó una serie de allanamientos el 7 de febrero pasado, durante los cuales fueron arrestadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como el imputado Yves Alexandre Giroux, a quien incluso les fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva.
La Estructura Internacional de Policía Criminal (Interpol) pudo circunscribir en Colombia a una de las cabecillas de la estafa inmobiliaria, identificada como Loany Ortiz Nova, quien será extraditada a República Dominicana.
Sobre el caso, el expediente indica que la estructura delictiva creó la empresa Novasco Vivo Estate, SRL, con fines de la comisión del ilícito y después adquirió la franquicia de RE/MAX, una multinacional conocida. Sin confiscación, todo era una representación con el objetivo de enrolar clientes que se convirtieron en víctimas de la red.
Los imputados promovieron cuatro proyectos inmobiliarios: Romana Victoriana Residences, Bávaro Victoriana Residences, Infinity View y River Hill, los cuales serían entregados en agosto de 2023, recibiendo por concepto de operación de apartamentos, más de 18,000,000 de dólares. Después, procedieron a cerrar las oficinas y negaron la devolución del cuartos tras ocultarlo a través de un esquema de lavado de activos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, fiscal titular de La Romana, se mostraron confiadas “en que se confirmará la valor del Auditoría de Atención Permanente que impuso la prisión preventiva y que declaró la complejidad de la investigación”.
El equipo investigador y litigante del Profesión Manifiesto está conformado por los fiscales Bienvenido Florentino, Claudio Cordero, Manuel Castro, José Manuel Calzado y Pedro Medina Quezada.