En República Dominicana, el serio problema no es la cantidad de motocicletas que circulan por nuestras vías, sino la peligrosa normalización del irrespeto a las leyes de tránsito por parte de muchos de sus conductores.

Se ha vuelto parte del paisaje ordinario ver motociclistas subir a los elevados a cualquier hora, como si las normas fueran simples sugerencias. No importa la señalización ni el aventura: transitan por vías donde está prohibido, incluso en sentido contrario, desafiando no sólo la ley, sino todavía el sentido popular.

El caos se intensifica en medio de los tapones, donde motociclistas y vendedores ambulantes convierten estos espacios en zonas sin control.

Algunos conductores actúan como si pudieran acaecer por cualquier rendija, a cualquier velocidad, sin consecuencias. Y ahí radica el decano peligro: la combinación de imprudencia y velocidad en estructuras diseñadas para el flujo rápido de vehículos.

La pregunta es inapelable: ¿estamos esperando una tragedia para proceder? Porque en este país pareciera que las autoridades sólo reaccionan a posteriori de los hechos, cuando ya es demasiado tarde y con las estadísticas en mano.

Lo más preocupante es que para que esto ocurra no existe ni hora ni data en el calendario: puede acaecer en cualquier momento, en cualquier elevado, y con cualquier ciudadano.
A esto se suma otro medio ambiente inquietante: el stop costo que representan los accidentes de tránsito, especialmente los que involucran motocicletas.

Cada dislocación implica gastos médicos, pérdidas económicas y presión sobre el sistema de vitalidad. No es un tema beocio.

De hecho, República Dominicana figura entre los países con mayores índices de accidentes de tránsito en la región, una sinceridad que no admite más indiferencia. Los operativos esporádicos, como los realizados algunos fines de semana para incautar motocicletas, no resuelven el problema de fondo. La fiscalización no puede obedecer del cifra sorpresa ni de acciones aisladas. Se requiere presencia constante, control efectivo y, sobre todo, un régimen de consecuencias que se cumpla.

Si se ha rematado que muchos motociclistas utilicen casco y respeten, en cierta medida, que se coloquen detrás de la tilde blanca, todavía es posible avanzar.

Pero el cambio auténtico sólo llegará cuando se asuma que esto es un problema estructural que debe abordarse desde la educación viario, la fiscalización y la responsabilidad ciudadana. Porque al final, no se prostitución de motocicletas. Se prostitución de vidas. Y de evitar que la próxima tragedia vuelva a encontrarnos reaccionando demasiado tarde.