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El director del Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal (ellos entran), Milton Morrisonplanteó la penuria de que las alcaldías tengan un papel más activo en la diligencia del tránsitoincluyendo la colocación de multas y el uso de policías municipales para apoyar la fiscalización en las calles.
El funcionario explicó que la diligencia del tránsito no puede recaer exclusivamente en las autoridades nacionales, sino que debe contar con la décimo directa de los gobiernos locales.
En ese sentido, consideró que las autoridades municipales están en una posición secreto para contribuir con el ordenamiento del tránsito internamente de sus territorios.
Morrison señaló que los municipios cuentan con cuerpos de policía municipal que podrían percibir capacitación y orientación para colaborar en tareas de fiscalización, como evitar el estacionamiento indebido, controlar el desorden en las paradas de transporte y avisar infracciones que afectan la movilidad urbana.
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Destacó que, para que las alcaldías puedan hacerse cargo ese rol de guisa efectiva, es necesario revisar la distribución de los bienes provenientes de las multas de tránsito. La Ley 176-07 establece, en su artículo 120, la autoridad de las alcaldías para imponer multas de tránsito en sus territorios.
Actualmente, la maduro parte de esos fondos se destinan a otras instituciones, por lo que propuso una distribución más equilibrada que les permita disponer de bienes para volver en señalización, semaforización y control del tránsito.
Distribucion de bienes por multas
Explicó que, en la contemporaneidad, el 75 % de los bienes recaudados por concepto de multas de tránsito van a detener a la Procuraduría Militar de la República y el restante 25 % al Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal.
Morrison plantea que, para que las alcaldías tengan un papel más importante en el tema del tránsito, se modifique la Ley 63-17 y se distribuya el cobro de las multas de la subsiguiente guisa: 25 % para la Procuraduría, igual cantidad para el ellos entran25 % para las alcaldías y el restante 25 % para la Dirección Militar de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrenal (digesett).
