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@Abrilpenaabreu
El Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal (INTRANT) anunció con entusiasmo la adjudicación del entendimiento para la audición de las nuevas licencias de conducir al consorcio Mobility ID.
Según su director, Milton Morrison, con este paso el Estado dominicano “recupera el control de los datos ciudadanos” y obtendrá beneficios por más de mil millones de pesos.
Sin secuestro, más allá del discurso jovial y la novelística tecnológica, esta adjudicación deja un indicio de dudas, contradicciones y vacíos que el país no puede advenir por detención.
Un consorcio con historial inquietante
El ID de movilidad del consorcio está integrada por Dominican Midas SA, Get Secure ID Corp., Consortium STC, Sa y Thomas Greg & Sons.
Pero detrás de esos nombres se esconde una efectividad menos brillante.
La empresa Midas Dominicana, que lidera el camarilla con el 50% de décimo, fue la misma que tuvo a su cargo la audición de pasaportes dominicanos —y cuyo desempeño dejó un historial de retrasos, fallas operativas y quejas ciudadanas.
Hoy vuelve a ser protagonista de un entendimiento multimillonario que afectará directamente a millones de dominicanos, y eso, por sí solo, debería encender las alarmas del Estado y de la ciudadanía.
Fabricantes que no fabrican
Un crónica de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) reveló que la empresa GET Group, presentada como fabricante de las impresoras láser CML600 y de las tarjetas de policarbonato, no fabrica esos equipos, sino que simplemente los distribuye.
Esa diferencia técnica no es beocio: el pliego de condiciones exigía un fabricante certificado, no un intermediario comercial.
Pese a esa irregularidad, el INTRANT validó la ofrecimiento y adjudicó el entendimiento.
Y cuando ADOCCO presentó observaciones formales, el organismo respondió como si se tratara de un competidor en la puja, no como una entidad de veeduría ciudadana.
Un error de forma, pero sobre todo, una yerro de respeto al principio de fiscalización pública.
Un cambio que podría producir un caos eficaz
Hay un detalle que pocos han querido mirar: todos los centros actuales de audición de licencias pertenecen a la empresa saliente, Dekolor, que manejó el sistema durante dos décadas.
Entonces, la pregunta es inapelable:
¿dónde funcionarán los nuevos centros bajo Mobility ID?
Si no se ha previsto una infraestructura alternativa y no existen locales listos para trabajar, la implementación no será inmediata.
De hecho, fuentes técnicas estiman que la instalación, adecuación y puesta en marcha del nuevo sistema podría tardar al menos seis meses, lo que colocaría al país al borde de un colapso en la audición de licencias.
Una adjudicación que huele a improvisación
El INTRANT asegura que el proceso fue “transparente” y que se contó con el comitiva de la Dirección Militar de Contrataciones Públicas.
Pero la transparencia no se mide por las palabras, sino por los documentos.
Y los documentos —como los que ha revelado ADOCCO— muestran inconsistencias:
• Desatiendo de claridad sobre quién fabrica en realidad los equipos.
• Silencio frente a impugnaciones técnicas válidas.
• Y una adjudicación que ignora irregularidades que, en cualquier proceso serio, habrían bastado para detener la firma del entendimiento.
Si todo fue tan transparente, ¿por qué el INTRANT no respondió públicamente a cada observación?
¿Por qué se apresura la ejecución de un entendimiento aún cuestionado en su estructura técnica y jurídica?
La confianza no se decreta, se apetencia
La audición de licencias de conducir no es un simple trámite oficinesco: involucra la seguridad de los datos biométricos de millones de ciudadanos y el control de información sensible que forma parte de la soberanía digital del Estado.
Por eso, cuando un proceso tan delicado se adjudica con tantas sombras, la confianza pública se resquebraja.
La modernización del sistema de licencias puede ser necesaria, pero no a costa de la transparencia, la competencia fiel y el respeto al investigación ciudadano.
El Estado dominicano no puede repetir la vieja actos de disfrazar la opacidad con tecnicismos y discursos de progreso.
Porque si poco debería ser innegociable en una democracia, es la verdad detrás de los contratos públicos.
