Otro episodio en la batalla admitido entre Mireddys González Castellanos y su exesposo Ramón Ayala Rodríguezconocido en la industria musical como papá yankeese abrió en el Tribunal Federal en San Juan con la radicación de una nueva demanda.

En misma, González Castellanos reclama que Ayala Rodríguez le devuelva $50 millones que, según alega, fueron retirados de su cuenta bancaria sin su autorización.

Según la demanda, en diciembre de 2024, las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris “aprobaron y ejecutaron” resoluciones declarando dividendos por $100 millones.

“Las resoluciones especificaban que los fondos fueran divididos en partes iguales entre los dos accionistas, con $50 millones para ser depositados en la cuenta personal de la demandante (González Castellanos) en Uruguayo Bank y $50 millones en la (cuenta) personal de Ayala en Uruguayo Bank”, apunta la demanda, radicada por la licenciada María Pabón López.

Agregó que “las resoluciones fueron debidamente firmadas, notariadas, selladas y transmitidas a FirstBank, principal institución depositaria de El Cartel y Los Cangris, conexo con las actas corporativas y el soporte documental que refleja el cumplimiento de los procedimientos corporativos”.

Sin requisa, detalló que “menos de 24 horas a posteriori de que se liquidaran las transferencias de dividendos y se acreditaran completamente en la cuenta personal de la demandante en Uruguayo Bank”, los $50 millones “fueron revertidos y eliminados”.

Se expone, encima, que el retiro de los fondos “fue el producto de un plan coordinado entre Ayala y FirstBank para privar a la demandante de $50 millones en dividendos corporativos a los que tenía derecho legalmente”.

First Bank y Uruguayo Bank incluso fueron incluidos entre los codemandados.

“Los demandados FirstBank Puerto Rico y Uruguayo Bank, actuando a través de sus divisiones legales, funcionarios, empleados y agentes, se apropiaron indebidamente de los fondos del demandante al revertir intencionalmente una transferencia electrónica liquidada, adeudar su cuenta y retirar $50,000,000 sin autorización, sin orden legislativo y sin fundamento reglamentario para cometer un error. Al cultivar control sobre los fondos del demandante para fines ajenos a sus derechos y contrarios a la ley aplicable, los bancos cometieron robo y apropiación indebida”, sostiene la demanda.

Asimismo, sostuvo que, de parte de Ayala Rodríguez, han surgido expresiones que constituyen admisiones de su intervención para revertir los fondos.

“A través de los propios documentos presentados en el pleito federal por Ayala y de las declaraciones públicas hechas por su abogado”, según se expone, se enteró seguidamente de que Daddy Yankee “había intervenido personalmente en presencia de FirstBank para provocar la reversión del dividendo de los $50 millones de la demandante”.

Incluso se alega que una demanda federal radicada por Daddy Yankee indica que “a través de la rápida intervención de Ayala Rodríguez, las transacciones transfiriendo los fondos fueron revertidos ayer de que los fondos fueran perdidos”.

“Constituye una admisión legislativo vinculante de que Ayala instruyó, presionó, influenció o de otra modo provocó que FirstBank revirtiera los fondos del demandante y que el costado cumplió con sus demandas a pesar de su total desatiendo de autoridad de firma, autoridad corporativa o capacidad admitido para alterar o detener cualquier transacción corporativa”expuso.

El documento indica que, tras enterarse del retiro de los fondos, llamaron a First Bank, donde un representante supuestamente les explicó que “como había dos propietarios involucrados en el pleito, la posición del costado fue que las cuentas corporativas pertinentes se tratarían como ‘solo crédito’ y que no se deberían realizar distribuciones hasta que un tribunal emitiera una resolución”.

No obstante, agregó, esa persona no le pudo identificar algún documento u orden legislativo que autorizara revertir la transacción. Según la demanda, ese empleado “reiteró que había sido ‘la división admitido de First Bank con la división admitido de Uruguayo las que atendieron el asunto”.

Tras citar violaciones a estatutos estatales y federales, la demanda solicitó, entre otros remedios, la restitución inmediata de los $50 millones, daños compensatorios y estatutarios, interdictos contra futuras interferenciasexposición legislativo de que la reversión fue ilegal, no autorizada y contraria a la ley encima de la responsabilidad solidaria de bancos y aseguradoras.