El desembolso en publicidad del Gobierno durante el primer cuatrimestre de 2024 sextuplicó su monto respecto al año precursor, pasando de RD$491 millones en el primer cuatrimestre de 2023 a RD$3,121 millones en el mismo período de 2024. En el 2025, aunque se reduce a RD$2,445 millones, sigue siendo muy superior al valencia registrado en el 2023.

Así lo revela Billete Ciudadana (PC) en un noticia. La coordinadora, Leidy Blanco, dijo que la entidad ha solicitado a la Cámara de Cuentas que audite dichos períodos, «que se identifique cuáles han sido los procesos de compras y contrataciones para estas publicidades, porque muchos de estos contratos se hacen con niveles de opacidad, a través de contratos de excepciones, y entonces obviamente ahí nos genera preocupación”.

Blanco dijo que, aunque por ley la publidad no está obligada a licitarse, existe una disposición presidencial debe ser cumplida. «Pero sí debe tener niveles de transparencia. Entonces, nos genera a nosotros preocupación a nosotros los ciudadanos cómo se están haciendo esos niveles de contratación», manifestó.

Las que más gastan, según Billete Ciudadana

Entre las instituciones que registraron los mayores aumentos relativos y absolutos en desembolso publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Empleo de Turismo, el Empleo de Industria, Comercio y Mipymes, Supérate y el Indotel. No se conocen los criterios de contratación, la distribución por medios ni los objetivos de las campañas. No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios básicos de rendición de cuentas consagrados en la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones. Esta opacidad impide entender si el fortuna sabido está siendo acertadamente utilizado o si alimenta estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.

Dijo que, en respuesta a un publicidad franquista, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 1-24, en enero de 2024, el cual establece que la publicidad oficial debe contestar a objetivos institucionales legítimos, como informar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes, los servicios públicos disponibles y la rendición de cuentas.

«La reglamento prohíbe expresamente el uso de la publicidad oficial con fines propagandísticos, políticos o electorales y que se utilice como subsidio encubierto a comunicadores, medios o influenciadores», apuntó PC.

Asimismo, el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección Genérico de Contrataciones Públicas, exige numerosas condiciones, entre ellas una descargo de la selección del medio. La errata de cumplimiento de estas disposiciones vulnera el ámbito justo válido y afecta la credibilidad del uso de los medios públicos, dijo Billete Ciudadana.

Adicionalmente de la solicitud hecha a la Cámara de Cuentas, PC pidió a la Dirección de Logística y Comunicación Público (Diecom) transparencia absoluta: publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025; detalle completo de los montos contratados y los medios beneficiados, objetivos institucionales y criterios técnicos de selección, y descargo de cada contratación conforme a lo establecido en el Decreto 1-24 y el Manual de Procedimientos de Excepción.

Dijo que la tradicional golpe del desembolso publicitario del gobierno en los abriles electorales genera una alerta de la ciudadanía por sus enseres negativos a la democracia, por lo que propuso las siguientes acciones:

1. Auditoría urgente e independiente del desembolso en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025.
2. Aplicación estricta del Decreto 1-24 y del Manual de Procedimientos de Contratación Pública, incluyendo sanciones por su incumplimiento.
3. Establecimiento de un sistema de monitoreo ciudadano permanente que garantice el uso ético de estos medios.
4. Regulaciones vinculantes que limiten estrictamente el desembolso publicitario en abriles electorales.