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Por Pablo Vicente
La propuesta de la magistrada del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz, de permitir que los militares y policías ejerzan el derecho al voto, ha hendido un debate sobre los límites entre ciudadanía y neutralidad institucional. Aunque el planteamiento resulta provocador y verdadero desde el punto de presencia del debate tolerante, plantea más riesgos que beneficios para la estabilidad del sistema político dominicano.
La Constitución dominicana, en su artículo 40, numeral 14, prohíbe a los miembros de las fuerzas armadas y la policía practicar derechos políticos mientras estén en servicio activo. Esta disposición no es un simple formalismo procesal; es una aval esencial de que la fuerza pública permanezca al ganancia de las disputas partidarias.
Las instituciones armadas no están diseñadas para deliberar, sino para obedecer. Su disciplina y clasificación las hacen vulnerables a influencias verticales, lo que en un contexto de cariño institucional podría traducirse en presión, manipulación o alineamiento político. El voto, en ese situación, podría convertirse en una aparejo de control más que en una expresión de exención ciudadana.
El derecho al sufragio es fundamental, pero no el único indicador de billete cívica. Los militares y policías sirven a la nación de otra forma: garantizando la seguridad, el orden y la soberanía. Su aporte tolerante se expresa en la honradez a la Constitución, no en la militancia electoral.
En sociedades con una tradición política consolidada, como España o Estados Unidos, los uniformados votan bajo estrictos mecanismos de control. Pero en países donde aún persisten estructuras clientelares, la tolerancia del voto marcial podría derivar en tensiones institucionales difíciles de manejar.
Habilitar el sufragio marcial implicaría una reforma constitucional profunda, pero igualmente un rediseño del maniquí de firmeza civil-militar que ha sostenido la estabilidad política dominicana desde la transición democrática. Romper ese principio sin garantías suficientes sería un retroceso más que un avance.
La democracia no se fortalece sumando riesgos, sino preservando los equilibrios que la han hecho posible. La neutralidad de los cuerpos armados es uno de ellos.
El planteamiento de la magistrada Díaz merece ser discutido en los espacios académicos y constitucionales, pero su aplicación experiencia debería descartarse mientras no existan condiciones políticas y culturales que aseguren la plena independencia de las fuerzas armadas y policiales frente al poder partidario.
La República Dominicana ha aprendido, a lo extenso de su historia, que cuando la política penetra los cuarteles, la democracia se debilita.
Por eso, más que desplegar el voto marcial, debemos aumentar la institucionalidad que garantiza que los uniformes sigan al servicio de la nación, no de la política.
