Lás intoxicaciones de estudiantes y personal docente por fumigaciones cercanas a centros educativos se repiten año tras año. Se anuncian convenios y “consecuencias”, pero en las aulas el problema sigue igual.

Desde hace primaveras se registran intoxicaciones en planteles escolares colindantes con fincas agrícolas fumigadas para controlar plagas y malezas. En lo que va de año se han reportado casos en varias provincias, con frecuencia en Duarte. En septiembre asimismo hubo afectados en el pensionado Leónidas Ricart, del sector Hatico, en Mao (Valverde).

Las autoridades han prometido soluciones. El 28 de enero, el ministro de Educación adelantó reuniones con Vigor Pública, Agricultura y Medio Concurrenciae incluyó al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). El 13 de febrero anunció la firma de un convenio para regular las fumigaciones en entornos escolares. Nueve días a posteriori, el 22 de febrero, ocurrieron nuevas intoxicaciones en Villa Riva y los ministros prometieron “consecuencias”.

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El 22 de septiembre, el nuevo ministro de Educación, (Miguel De Camps)depositó una denuncia en la Procuraduría Especializada de Medio Concurrencia para que investigue. La pregunta sigue en el canción: ¿Qué se está aplicando en esos cultivos? En la provincia Duarte, las intoxicaciones en escuelas rurales son frecuentes y persiste la duda sobre el uso de glifosato, un herbicida no prohibido en el país.

El 27 de enero, la ADP denunció que al menos 200 alumnos y docentes de las escuelas y liceos Hernán José Sánchez, Juan Antonio Alix, Juan Emilio Bosch Gaviño, Pedro Mir, Angélica García Moya, Centro Educativo Fermín Rosario y Ana Celeste Fernández fueron atendidos por intoxicación tras fumigaciones en los alrededores.

Cronología fresco:

• Enero: denuncias los días 6, 14 y 27.
• Febrero: 11, 18 y 22.
• Marzo: 1, 3 y 11.
• Septiembre: 18; 20 alumnos y personal docente ingresados de aprieto por mareos, vómitos y repugnancia en la escuela Ana Celeste Fernández, comunidad La Guama, distrito municipal Aguayo, San Francisco de Macorís.

Investigaciones periodísticas han documentado sometimientos a personas que fumigan con mochilas, pero las aplicaciones de viejo escalera se realizan con avionetas y, más recientemente, con drones.

Se han firmado acuerdos entre Vigor, Educación y Agriculturapero ningún ha informado con certeza qué sustancias se aplican ni ha establecido un protocolo verificable de control en zonas escolares. El glifosato, señalado por organismos internacionales por su potencial carcinogénico, ha estado en el centro de millonarias demandas por casos de linfoma no Hodgkin en otros países. Aquí, ese químico no está prohibido, los convenios quedan en titulares y las comunidades siguen expuestas.

Es necesario identificar productos, fijar perímetros de protección efectivos, establecer calendarios de aplicación, avisar previamente a las escuelas y aplicar un régimen de sanciones que en realidad se cumpla. La historia, lamentablemente, continúa.

Deben adoptarse medidas verificables: perímetros de protección cerca de de escuelas; prohibición total de fumigar en horario escolar; registro sabido y en radio de cada aplicación (plazo, hora, producto, principio activo, concentración, partición, finca y responsable); comunicación obligatoria a los planteles; certificación de pilotos y empresas fumigadoras; vigilancia de la calidad del canción y de las aguas en el entorno escolar; protocolos de emergencia con antídotos, ambulancias y rutas claras; y pruebas toxicológicas para estudiantes y docentes expuestos.

Régimen de sanciones con responsabilidad objetiva: multas, obstrucción temporal, abrogación de licencias y reparación económica a los afectados. Está en charnela la vida.