A pesar de un historial de controversias, investigaciones periodísticas y derrotas judiciales tanto en tribunales dominicanos como en Estados Unidos, la empresa de correo Mía Cargo continúa expandiendo sus operaciones en la República Dominicana, incluso con apoyo de funcionarios del Gobierno.

La empresa inauguró recientemente un nuevo centro logístico en Boca Chica y anunció planes de expansión en el sector del transporte de carga, en un acto en el que participaron autoridades públicas, lo que genera una pregunta sobre la relación entre el Estado y una compañía que anteriormente sostuvo un recurso millonario contra el país.

La controversia comenzó en 2021 cuando el Instituto Postal Dominicano firmó un acuerdo con la empresa Mía Cargo durante la trámite de su entonces director Sucio Peguero. El convenio otorgaba a la empresa privada un rol esencia en la operación del servicio de paquetería internacional del correo estatal, particularmente en el manejo del sistema Inpospak. Privatizando el servicio postal divulgado.

Las irregularidades en ese acuerdo fueron reveladas en un reportaje del software de investigación de la periodista Nuria Piera donde se expusieron detalles del acuerdo y las condiciones bajo las cuales se firmó.

El trabajo periodístico reveló que el acuerdo habría sido realizado sin un proceso de puja pública, a pesar de tratarse de un servicio estatal. La investigación todavía reveló que el acuerdo otorgaba a la empresa privada control eficaz sobre áreas esencia del servicio postal internacional, incluyendo la provisión de admisión y entrega de paquetes provenientes del foráneo.

El reportaje señaló encima que el acuerdo comprometía una parte significativa de los ingresos del servicio postal estatal.

Tras la difusión del reportaje, la Dirección Militar de Contrataciones Públicas (DGCP), anejo con la Dispositivo Antifraude de la Contraloría Militar de la República, abrió una investigación de oficio para examinar la modalidad de contratación utilizada por el Inposdom con la empresa privada.

El objetivo era determinar si el acuerdo violaba las normas de contratación pública y establecer posibles responsabilidades administrativas. Lo que genero la suspensión del acuerdo y la destitución del director del Imposdom.

Tras la rescisión del acuerdo, el CEO de Mía Cargo, Diego Vestillero, inició una batalla reglamentario contra el Estado dominicano. La empresa presentó en 2022 una demanda en presencia de un tribunal federal en Florida reclamando 10 millones de dólares por la rescisión del acuerdo.

Sin retención, en marzo de 2024 el tribunal estadounidense rechazó la demanda, al concluir que el supuesto acuerdo de exclusividad no tenía validez jurídica porque el funcionario que lo firmó se había extralimitado en sus funciones.

La empresa todavía emprendió acciones legales en contra la periodista Nuria Piera, alegando daños a su reputación por los reportajes difundidos en su software. Ese proceso todavía terminó en derrota para la compañía. Un tribunal civil del Distrito Franquista rechazó la demanda y desestimó las reclamaciones de la empresa contra la comunicadora. Pero este apeló la sentencia y está en proceso todavía.

Las controversias aproximadamente del patrón argentino Diego Vestillero siquiera se limitan a nuestro país.

En Argentina, la rectitud lo procesó en un caso relacionado con presuntas maniobras de contrabando vinculadas a la importación de decenas de contenedores de mercancías cuyo valencia superaría los 20 millones de dólares.

En ese proceso, las autoridades ordenaron embargos millonarios mientras se investigaban las operaciones relacionadas con la inmersión de mercancías mediante declaraciones aduaneras presuntamente irregulares.

A pesar de este historial de controversias, Mía Cargo continúa expandiendo sus operaciones en el país. La empresa inauguró recientemente un nuevo hub logístico en Boca Chica y anunció un convenio con la empresa Clouds Air, una aerolínea de carga que se encuentra en proceso de regulación.

El acto contó con la presencia de funcionarios como Nelson Riachuelo, Director Militar de Aduanas que según en una nota de prensa cortó la cinta conjuntamente con el representante de Eduardo Sanz Lovatón , Ministro de Industria y Comercio, Johannes Kelner, y el síndico se Santo Domingo Este Dío Astacio.