En este año 2026 deberán ser evaluados 11 jueces de la Suprema Corte de Conciencia (SCJ), incluido su presidente, Henry Molina, quien cumplirá el próximo mes de abril siete abriles desde que fue seleccionado por el Consejo Franquista de la Magistratura (CNM), entonces presidido por el caudillo de Estado Danilo Medina, en 2019.
Adyacente a Molina, otros siete magistrados asimismo concluirán en abril su primer período constitucionallo que obliga al CNM a examinar su desempeño en esa inscripción corte, conforme a lo establecido en el artículo 181 de la Constitución.
Asimismo, asimismo en ese mes, los jueces Fran Euclides Soto SánchezManuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez Mena alcanzarán un gimnasia acumulado de 14 abriles, equivalente a dos períodos, por lo que igualmente deberán ser sometidos a evaluación.
Hasta el momento, el Consejo Franquista de la Magistratura no ha sido convocado para padecer a agarradera este proceso.
El CNM, actualmente encabezado por el presidente luis abinader, evaluará adicionalmente a los jueces Vanessa Elizabeth Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo A. Bello Ferreras, María Gerinelda de los Reyes Garabito Ramírez, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico.
Lo que opina finjus
El vicepresidente ejecutor de la Fundación Institucionalidad y Conciencia (finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que la evaluación tiene “un carácter estrictamente personal y gaceta” para cada árbitro, por lo que no se transforma en una evaluación colectiva por la coincidencia temporal de varios magistrados que culminan su primer período de siete abriles.
Argumentó que la Ley núm. 138-11, del CNM, en su artículo 24, reafirma que la designación y ratificación de los jueces de la SCJ corresponde al Consejo Franquista de la Magistraturasin prever evaluaciones conjuntas ni extraordinarias fuera del situación constitucional.
De igual modo, señaló que la Ley de Carrera Legal regula de forma separada el régimen de renta de los jueces de ese parada tribunal, “estableciendo la renta facultativa a los setenta abriles y obligatoria a los setenta y cinco, sin vincularla al sistema de evaluación de desempeño”. Nadie de los merienda jueces alcanza los 70 abriles de tiempo.
“En consecuencia, aun cuando los jueces ratificados en 2019 deben ser evaluados nuevamente al cumplirse su segundo período de siete abriles, dicha evaluación debe realizarse de forma individual y conforme a su propio ciclo constitucional, sin que exista fundamento constitucional o procesal para que dicha evaluación se realice de forma conjunta con la de los jueces que culminan su primer período de siete abriles, aparte que coincidan exactamente en el término de su respectivo período constitucional”, subrayó.
Conformación de CNM
El Consejo Franquista de la Magistratura (CNM) está integrada por ocho miembros e incluye al presidente de la República, quien lo encabeza y tiene voto calificado.
Por otra parte del mandatario, lo conforman los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, los dos del partido oficialista.
Incluso lo integran un senador y un diputado escogidos por el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, que pertenezcan al partido o piedra de partidos diferentes al del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, y que ostenten la representación de la segunda mayoría.
Completan el CNM el presidente de la Suprema Corte de Conciencia; un árbitro de la Suprema Corte de Conciencia escogido por ella misma; y el presidente del Tribunal Constitucional.
En caso de que el presidente de la SCJ, Henry Molina, y los demás 10 jueces de esa inscripción corte no sean confirmados en este año 2026, el Pleno sería casi totalmente renovado por un CNM de mayoría oficialista. Cinco nuevos magistrados fueron seleccionados el pasado año, y el árbitro Francisco Ortega Polanco, escogido en 2011, fue confirmado en enero de 2021.
Entre los casos más sonados conocidos por algunos de los jueces que serán evaluados figuran Odebrecht, así como las acusaciones contra el presente senador Félix Bautista y otras seis personas, imputados de supuesta corrupción y lavado de activos en perjuicio del Estado.







