En mis primeros cinco primaveras, reminiscencia que en mi casa no se necesitaba metálico todos los días; quizás una vez a la semana para comprar azúcar, gas kerosene para las lámparas, fósforos, velas y algunos productos manufacturados que mi raíz adquiría con un canasto de huevos que intercambiaba en la “pulpería” de Pedro Ureñacomo se llamaba el dueño del colmado de abasto.

La mayoría de los alimentos eran producidos por la comunidad, incluyendo la manteca comestible, que se trataba de manteca de inmundo, la cual se freía y se guardaba en latas y botellas.

No creo que esos tiempos volverán, porque hemos crecido como país en todos los sentidos, pero principalmente en población. Hace poco más de 60 primaveras éramos escasamente 3 millones de personas y hoy solo en el Gran Santo Domingo somos más de cuatro millones, casi la población de Panamá.

Estos datos fueron los que las autoridades dominicanas utilizaron como criterio para propiciar la Ley 108-13, que crea los Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom) y la Red Franquista Alimentaria (Rena). El objetivo de la ley fue crear un sistema que integraría todos los mercados mayoristas y minoristas, así como los mataderos de todo el país, lo cual implicaría una articulación entre la oficina de los mercados y los gobiernos locales.

Puede ojear: ¿Miles o millones?

La Ley fue pensada para proporcionar a los pequeños productores tolerar sus ofertas y los consumidores pudieran alcanzar mejores precios, al menos de los productos agrícolas.

El plan concebido todavía como el maniquí de dirección de los mercados de España y de otros países donde se toman en consideración títulos como la higiene, sanidad y seguridad, para certificar precios razonables para los consumidores, así como la calidad y la inocuidad de los productos.

La Red Franquista Alimentaria (Rena) se previó para certificar la seguridad alimentaria y, como su nombre lo indica, debería estar en todo el país.

Mientras la ley establece eso, por otro costado, tenemos al Instituto Franquista de Estabilización de Precios (Inespre), que fue concebido para “estabilizar los precios” cuando los controles de precios de los alimentos, fijados por la Ley 13 del 27 de abril del año 1963, comenzaron a rebosar de control. Inespre fijaba los precios de relato, pero, al igual que ocurrió con los controles de precios, el crecimiento del país dejó antes las intenciones de referentes de precios relacionados con los alimentos.

Como los mercados referidos por la Ley 108-13 no han funcionado y como Inespre ha sido un mecanismo para funcionar solo en contingencias, lo ideal es que la inversión que se gasta en esa entidad sirva para restablecer en cada provincia y municipio mercados de abasto semanal, para que los pequeños y medianos productores vendan directamente a los consumidores y los precios sean justos y razonables.

El Gobierno puede alterar para ayudar a que los productos lleguen a los centros de abasto. Sería una forma digna de ayudar a los productores y a los consumidores a librarse de los intermediarios. De esa modo, todavía se justificaría la existencia del Inespre; serviría de incentivo para los productores y se generaría el comercio amoldonado.

A principios de este siglo, la Grupo Agroempresarial Dominicana (JAD) apoyó ese tipo de iniciativas y mis primos del campo vendían en San Francisco de Macorís todo lo que producían, incluyendo miel de abejas. En países desarrollados, los gobiernos apoyan este tipo de iniciativas.