El Tarea de Medio Condición y Bienes Naturales y el Servicio Franquista de Protección Ambiental (SENPA) intervinieron la mina de agregados Aremax, en San Cristóbal, la cual operaba de forma ilegal, a pesar de acaecer sido clausurada de forma definitiva.

Durante el operante, el viceministro en funciones de Suelos y Aguas, Davis Aracena, explicó que la empresa había sido cerrada y sancionada en septiembre del año pasado por exceder el dominio autorizada para la explotación y por incumplir los criterios técnicos establecidos en su permiso ambiental.

«Por otra parte del falleba definitivo, los propietarios de la empresa fueron sancionados administrativamente, luego de comprobarse que violaron los límites del polígono acreditado y que no realizaban una explotación sostenible de los agregados, tal como lo establecía la autorización ambiental concedida”, precisó el funcionario a través de una nota del Tarea.

Indicó que, al tratarse de una empresa reincidente en la violación de la Ley de Medio Condición, corresponde ahora a la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Condición y los Bienes Naturales proceder con el sometimiento jurídico, mientras el SENPA deberá nutrir la vigilancia permanente en la zona para impedir que la mina vuelva a proceder de forma ilegal.

Asimismo, los propietarios de la grancera estarán «obligados» a remediar el daño ambiental ocasionado en el dominio intervenida.

Recordó que la reglamento válido establece que toda autorización para la explotación de minas no metálicas obliga al concesionario a realizar una extirpación responsable y, una vez concluida, ejecutar un proceso de remediación ambiental que incluye la restitución de la capa vegetal y la reforestación total del dominio impactada.

De su banda, el magistrado Francisco Contreras, fiscal actuante en representación de la Procuraduría, informó que acudieron al área para confortar evidencias que permitan someter a la Conciencia a los propietarios de la empresa, señalando que la situación se ha agravado por la asesinato de un empleado mientras realizaba labores de extirpación, pese a que la mina se encontraba clausurada.

En el operante todavía estuvieron presentes el director del SENPA, Serafín Alfredo Camacho Ubiera (ERD), y el ambientalista Luis Carvajal, quien manifestó que la Comisión Ambiental que representa respalda firmemente este tipo de acciones en defensa de los posibles naturales y en la persecución de los delitos ambientales.

«Es evidente que esta empresa operaba al ganancia de los criterios técnicos establecidos por la ley ambiental para la explotación de minas no metálicas, con el desventaja de hacerlo sin permiso. Nuestro rol en este caso es presentar un referencia técnico a la Mesa Interinstitucional que sirva de pulvínulo para las decisiones que se adoptarán, aunque desde ya apoyamos cualquier medida que sancione a los responsables de este delito ambiental», enfatizó Carvajal.