Nadie, medianamente sensato, niega que el país vive una situación migratoria singular que requiere de medidas excepcionales para enfrentarla. Debemos ser conscientes de que este tipo de medidas, como las cirugías, suelen ser traumáticas y dejan heridas profundas, a veces inevitables. Pero estas providencias resultan política y moralmente inaceptables cuando se hacen en franca y desafiante violación a principios constitucionales y a acuerdos firmados por un país con organismos internacionales relativas al oportuno proceso en el manejo del tema migratorio.

Debemos hacer consciencia, reitero, de que ningún país tiene una cuestión migratoria tan compleja y con el potencial de peligro como el nuestro.

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Pero en los últimos meses, la violencia, la insania e irrespeto a la dignidad humana ha llegado a tal nivel, que degrada igualmente a quienes la sufren, a quienes la ordenan y a quienes la ejecutan. Es el caso de las mujeres que, en bordado de parto, son apresadas y montadas en un autobús con fines de eventual deportación, como a otras que de la sala de parto las montan en un autobús, como lo denuncia el presidente del CMD.

En Mata mosquitos, la violencia y violación a derechos humanos se ha expresado en forma que tipifica como terrorismo de Estado. El Gobierno otorgó fuerza pública a los reclamantes del contorno donde está el ciudadela, en un contexto social y político totalmente inadecuado, provocando una demolición indiscriminada de viviendas sin que catastralmente se estableciera el carácter de la propiedad de éstas, de hecho o derecho, quiénes la habitan, cuántos hijos u ocupantes tenían, la antigüedad de éstos y de sus padres. Una violación del artículo 51 de la Constitución en sus seis párrafos. Se arrojó a las calles los enseres del hogar, sin considerar la tragedia de los niños, niñas, adolescentes y envejecientes sin hogar, sin dónde ir y amodorrarse a la intemperie.

La entusiasmo cometida en ese espacio es una evidencia más de que en efectividad no hay un diseño coherente para malquistar la cuestión migratoria. “desarrollar y comunicar protocolos claros para la contratación de mano de obra extranjera y aplicar la Ley Doméstico de Migración”, como dicen determinados sectores empresariales, reclama anciano seriedad, tanto al Gobierno como a algunos empresarios en el tratamiento del tema de la mano de obra extranjera.

Aunque no lo dicen públicamente que hay sectores productivos que les resulta irrealizable hacerse cargo la descripción del 80-20 y quieren que se retome con la debida celeridad el proceso de regularización que plantea la Ley 169-14.