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Columna de Julio Santana
Desde esta misma columna (ver: https://n9.cl/0v25x; https://n9.cl/6jdsq), alarmados por las denuncias y los cuestionamientos formulados en torno al llegada a medicamentos de stop costo, procuramos contribuir al debate sin la pretensión de presentarnos como expertos en una materia tan delicada.
Retornamos ahora sobre el asunto porque entendemos que toda discusión seria sobre estos medicamentos debe partir de un principio ligero que nunca debería perderse en el algarabía chupatintas. Cuando se prostitución de cáncer y de otras enfermedades crónicas graves, el tiempo no es un simple reseña lento, es vida, y muy poco debería importar a quién corresponde formalmente una cobertura si el paciente ve retrasado el llegada al tratamiento que necesita.
En oncología, como proporcionadamente se sabe, las demoras no solo afectan la oportunidad terapéutica, sino asimismo los presupuestos familiares, la calidad de vida y, en muchos casos, la propia supervivencia del paciente.
Tomada esa ingenuidad en cuenta, conviene precisar poco importante. El propio Consejo Franquista de la Seguridad Social aclaró que hasta ahora no ha permitido ninguna modificación que obligue a los afiliados a hacer las adquisiciones a través de la Dirección de Camino a Medicamentos de Suspensión Costo. Lo que existe es un proceso de estudio en su Comisión Permanente de Vitalidad, a solicitud de la DIDA, para evaluar distintos aspectos relacionados con el llegada y la adquisición de estas medicinas. Esa precisión institucional merece ser tomada en cuenta, porque ayuda a separar la sobresalto del hecho consumado.
Ahora proporcionadamente, que la medida no haya sido aprobada todavía no vuelve irrelevantes las preocupaciones expresadas por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica y por los centros especializados. Al contrario, las hace más necesarias. La propia información oficial indica que la solicitud de la DIDA rastreo que se considere la posibilidad de realizar adquisiciones conjuntas a través de la DAMAC para optimizar procesos y mejorar el llegada. En principio, nadie debería oponerse por refleja a una fórmula que procure más transparencia, mejor trazabilidad o menores costos. El problema comienza cuando, en nombre de esa racionalidad administrativa, se termina levantando una nueva barrera frente al enfermo.
Para nosotros, ahí reside el punto más delicado del debate coetáneo en torno a este asunto. Centralizar compras puede resultar arreglado en determinadas circunstancias, pero centralizar de guisa obligatoria el llegada, la autorización y la dispensación, sin una red transporte madura, garantías territoriales efectivas, plazos estrictos y bajo amenazas estructurales latentes de discrecionalidad administrativa, es otra cosa.
En un país donde muchos pacientes deben trasladarse desde provincias lejanas o parajes remotos, cualquier cuello de botella lento puede traducirse en interrupción de ciclos, ofensa clínico y una angustia adicional para familias ya golpeadas por la enfermedad. Hace mucho aprendimos que la eficiencia no se proclama ni se presume; lo verdaderamente esencial es demostrar, con hechos, capacidad verdadero de respuesta.
Aquí aparece un reseña que no debería ser minimizado. La DIDA ofrece el servicio de Carta de No Cobertura de Vitalidad y su portal establece un tiempo de realización de entre uno y cinco días, encima de requerir documentación previa para determinados casos. Tal vez ese plazo no parezca excesivo en una oficina. Pero en la vida verdadero de un paciente oncológico, cinco días administrativos pueden ser demasiado tiempo cuando el tratamiento no admite interrupción ni retraso. Lo que sobre el papel se presenta como un trámite puede convertirse, en la ejercicio, en una tardanza clínicamente costosa.
A ello se suman objeciones que merecen ser escuchadas con seriedad. La Sociedad Dominicana de Oncología Médica advierte con mucha razón que los cambios regulatorios deben evaluarse tomando en cuenta su impacto sobre la autorización, la transacción y la distribución de estos fármacos a nivel doméstico. Los centros oncológicos, por su parte, insisten en riesgos concretos vinculados a la continuidad terapéutica, la preservación de la cautiverio de frío, la transporte de distribución y la concentración de la dispensación en pocas ciudades, con los consiguientes costos de traslado y retrasos para pacientes de otras regiones. No se prostitución, pues, de una discusión abstracta sobre competencias institucionales. Estamos frente a una cuestión clínica, territorial y humana.
Siquiera debería despacharse con irreflexión la preocupación relativa a posibles espacios de opacidad. Cada vez que se concentran autorizaciones, compras, inventarios y distribución de posesiones de altísimo valía financiero en el interior de un mismo circuito, aumentan objetivamente los riesgos de discrecionalidad y captura.
No afirmamos con ello que toda centralización desemboque inevitablemente en corrupción. Sí sostenemos que una política pública responsable está obligada a blindarse desde el inicio con controles independientes, trazabilidad pública y auditorías efectivas.
La sostenibilidad financiera del sistema importa, por supuesto. Un sistema quebrado no protege a nadie. Además entendemos que la sostenibilidad no puede convertirse en excusa para debilitar el llegada verdadero y oportuno a la lozanía.
Un maniquí puede incluso exhibir ahorros en el papel y, sin requisa, fracasar moralmente si obliga al enfermo a recorrer nuevas ventanillas, esperar autorizaciones inciertas o sufrir interrupciones terapéuticas por deficiencias previsibles del diseño institucional.
Todavía hay tiempo para hacer las cosas proporcionadamente. El CNSS debería organizar una deliberación más amplia, técnicamente rigurosa y humanamente responsable con oncólogos, otros especialistas, centros especializados, pacientes, ARS y autoridades sanitarias.
Si la determinación es impulsar una reforma pertinente, entonces que sea con plazos perentorios de respuesta, interoperabilidad digital entre ARS, DIDA, DAMAC y prestadores, mecanismos de excepción clínica, garantías efectivas de cautiverio de frío, cobertura territorial suficiente y auditorías independientes sobre compras, inventarios y dispensación. En un asunto tan sensible como este, la buena política pública no es la que multiplica controles formales, sino la que garantiza que el medicamento llegue a tiempo, en condiciones seguras y sin convertir la enfermedad en una carrera de obstáculos.
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