Mecanismo Antifraude y Contrataciones Públicas revelan graves hallazgos en convenio con Dekolor, donde se detectaron pagos fuera de ley, presión legal y un esquema de cobros manejado por un tercero.

Santo Domingo. – Una red de corrupción estructural habría operado durante abriles interiormente del Instituto Doméstico de Tránsito y Transporte Terrenal (Intran), usando como presencia el convenio para la expedición de licencias de conducir a través de la empresa Decolador.

Así lo revelaron la Mecanismo Antifraude de la Contraloría Universal de la República y la Dirección Universal de Contrataciones Públicas (DGCP).

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y Andreinys Enredador, responsable de investigaciones de la Mecanismo Antifraudeexplicaron que el convenio fue prorrogado mediante tres adendasalgunas no registradas frente a la Contraloría, como exige la Ley 10-07 que instituye el Sistema Doméstico de Control Interno y de la Contraloría Universal de la República.

Por otra parte, en un entrevista en el Software El Día confirmaron que un tercero, la empresa Plazo RD, se encargaba del cobro del servicio y retención del fortunaen un maniquí que calificaron como “fuera del control institucional” y “en gran medida irregular”.

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“Todos los directores del Intran firmaron adendas al convenio con Dekolor, excepto Milton Morrison, quien se negó y enfrentó presiones, chantajes e incluso intentos de soborno”, dijo Pimentel.

El convenio con Dekolor

Carlos Pimentel explicó que el convenio con color surgió de forma cuestionada y sobrevivió en el tiempo gracias a sucesivas adendas.

“Su vigencia siempre estuvo en prohibición”, dijo.

Señaló que desde su inicio el convenio se caracterizó por múltiples incumplimientos y que todas las gestiones del Intran firmaron prórrogas, indemne Morrison, quien impulsó un nuevo proceso de puja y fue objeto, según denunció, de intentos de soborno por parte de actores vinculados al negocio.

Ese nuevo proceso, ya cargado en el sistema electrónico de contrataciones, ha sido objeto de posibles judiciales que lo mantienen suspendido por audacia del Tribunal Superior Burócrata.

La DGCP asegura que el pliego de condiciones fue minucioso con criterios técnicos y legales, y que está presto para admitir ofertas escasamente se libere la vía legal.

“Estamos frente a un intento claro de bloqueo institucional, donde incluso los veedores del proceso están siendo intimados judicialmente”, advirtió Pimentel.

¿Qué pasa si no hay licencias?

Una de las preocupaciones más inmediatas es la posible interrupción del servicio de renovación de licencias. Si el proceso de puja no concluye a tiempo y no se adjudica un nuevo convenioel Estado podría enemistar un infructifero operante.

“Sí, el convenio con Dekolor ya venció. Pero confiamos en que el Tribunal Superior Burócrata actúe con objetividad y vigencia para permitir que el nuevo proceso continúe. El país necesita un servicio transparente y competitivo”, dijo Pimentel.

Auditoría forense

El caso fue investigado a fondo por la Mecanismo Antifraude de la Contraloría, que realizó una auditoría forense para analizar el comportamiento financiero del convenio.

Andreinys Enredador explicó que uno de los principales hallazgos fue que varias de las adendas al convenio no fueron registradas en la Contraloríalo que implica violaciones a la ley y compromete la vigencia de los pagos realizados.

“Si una adenda no está registrada, no debería ejecutarse ni pagarse. Sin requisa, los pagos se realizaron mediante mecanismos alternosa través de un tercero: Plazo RD”explicó Enredador.

Según el crónica, Plazo RD fue integrado al proceso mediante una adenda y operó como intermediario en el cobro de las tarifas por expedición de licencias.

El Estado dominicanoen ciertos momentos, solo recibía el 10 % de los ingresos, mientras que la empresa se quedaba con el 90 %.

En otros momentos, la proporción se invertía, pero siempre sin claridad ni fiscalización directa del Intran sobre los fondos.

“No existía control financiero institucional. Era la empresa la que informaba cuánto había recaudado y cuánto debía entregarle al Estado. Es una situación insólita y sumamente pesado”, subrayó Enredador.

Presión, sobornos y amenazas

La investigación reveló no solo anomalías administrativas y financieras, sino incluso un entorno de presión y hostigamiento contra quienes se han opuesto a permanecer el convenio.

Milton Morrison, postrer director del Intran, denunció deber recibido una proposición de un millón de dólares y tres millones mensuales durante cinco abriles para firmar una nueva adenda.

Frente a su negativa, aseguró deber sido víctima de acoso legal y presiones constantes. Incluso, los veedores que participan en el proceso de puja contemporáneo han sido intimidados.

Carlos Pimentel confirmó que Morrison le comunicó la situación y que entreambos coincidieron en la audacia de no continuar con las adendas.

“Preferimos quedarnos momentáneamente sin licencias antiguamente que firmar un convenio irregular”, sentenció.

Tanto Enredador como Pimentel destacaron la colaboración entre la DGCP y la Mecanismo Antifraude como un maniquí exitoso en la detección y procesamiento de casos de corrupción administrativa.

Mientras la dirección de Compras fiscaliza la selección de proveedores y los procesos de puja, la Contraloría, a través de su mecanismo investigativa, analiza la ejecución financiera de los contratos.

“El convenio de Dekolor fue detectado cuando estábamos investigando el caso de los semáforos. Ahí nos dimos cuenta de otra línea de irregularidades en las licencias. Son procesos distintos, pero con actores muy similares”, dijo Enredador.

Por otra parte, se reveló que la Mecanismo Antifraude ha instruido a la Contraloría para que no registre más de 150 contratos mientras concluyen sus investigaciones.

“Esto demuestra la capacidad preventiva y de control que estamos fortaleciendo”, sostuvo.