Las malas prácticas de las prestadoras de salubridad y los médicos constituyen la mayoría de las denuncias que llegan a la Dirección Caudillo de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA). De 25,300 casos o solicitudes en los últimos seis meses 8,984 tuvieron que ver con el tema del seguro.

Elías Báez, titular de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), precisó que entre las principales quejas están los procedimientos y cobros indebidos, desliz de cobertura, retención de pacientes, de cadáveres y documentos.

Indicó que en el período referido se gestionaron más de 1,500 casos urgentes de incumplimiento de derechos en salubridad y evitaron cobros indebidos por más de 40 millones de pesos.

De las reclamaciones de salubridad atendidas, 5,908 fueron por el Seguro Ascendiente de Lozanía (SFS), 2,981 por el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia y 95 por el Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

Báez habló de estos temas durante el Refrigerio Semanal del Especie de Comunicaciones Corripio. Estuvo acompañado de Zully Arias Marcallé, directora del Sección de Orientación y Defensoría; Malen Berroa, directora Jurídica y Shahady de la Rosa, supervisora normal del Sección de Orientación y Defensoría.

Engaños

Entre los casos que Báez citó cita un médico en Barahona que quitaba verrugas y las facturaba como un tumor, por lo que llegó a cobrar 10 millones.

“El doctor le decía a la clan ‘eso es cáncer, ven que te lo exento’, y luego le facturaba a la ARS como si hubiese extirpado un tumor bienhechor o maligno”, afirmó Báez.

Asimismo mencionó casos médicos que aplican cateterismo a personas que no lo ameritan.

En relación a las prestadoras refirió un caso de una señora que depositó 150,000 pesos a una clínica que le alegó el seguro no cubriría y cuando llamaron a la Administradora de Aventura de Lozanía (ARS) y dijo que iba a dar la cobertura, porlo que tuvieron que devolver el peculio.

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Sobre la retención de pacientes, hubo caso de una clínica que decía que ni con un fiscal lo entregaba. Afirmó esta ejercicio la ejercían ca casi todos los centros, pero ha mermado por las actuaciones que ha iniciado la DIDA y su sistema de denuncias 24 horas.

Negocio

Báez reconoce que las clínicas son negocios, pero no pueden retener un paciente por deuda porque es ilegal. Señaló que si un paciente con seguro subsidiado llega a un centro privado, la ley establece que debe ser estabilizado y referido al sabido.

En el caso de que el paciente tenga seguro contributivo se le debe cobrar lo que contempla la cobertura y hasta el 20% de diferencia que establece la ley. “Pero tu no puedes retener un paciente porque la Constitución establece que no hay apresuramiento corporal por deuda”, señaló Báez.

En cuanto a las quejas contra las ARS, indicó que se presentan cuando condicionan la cobertura. A modo de ejemplo Báez refirió que si cubren la rotura de una rodilla quieren alegar que sea por una causa específica no la afección en normal. “Por ejemplo te reparo la rodilla, pero luego dicen si es por azar de un motor, si es porque te caíste de un heroína no”, explicó, tras despellejar las cláusulas engañosas.

No obstante Báez manifestó que aunque se presentan reclamaciones contra las ARS estas cumplen los procedimientos que están el catálogo. “El viejo problema y la viejo resistor la hemos tenido con los prestadores y los médicos”, expresó.

Modificación Ley 87-01

Sobre los fundamentos que cree hay que modificar de la Ley de Seguridad Social, el director de la DIDA consideró que se debe vigorizar el rol fiscalizador del sistema y que haya sanciones reales para quienes incumplan como el caso de los cobros ilegales.

Asimismo que haya estandarización de tarifas para evitar cobros variables y “sorpresas” al momento de aceptar servicios y que se establezca plazo para poner al día el catalogo del plan de salubridad. Por otra parte que cuando suban la cápita no haya aumento de los insumos y medicamentos.

Otra propuesta de Báez es que se reduzcan la cantidad de instituciones del sistema de seguridad social para apearse gastos y las ganancias de la Administradora de Fondos de Pensiones y se redistribuyan los posibles entre los afiliados. “Una ley de hace 20 abriles hay que repensarla para que sea más equitativa”, expresó Báez. No obstante reconoció que “de acuerdo a los intereses pasan las cosas en el Congreso, lamentablemente”.