No bastaron los mandatos de la Constitución ni de la Ley 311-14. Siquiera las resoluciones y circulares. Para que cientos de cargos municipales de República Dominicana se apresuraran, por fin, a presentar su manifiesto jurada de patrimoniola Cámara de Cuentas tuvo que expedir un expediente completo a la Procuraduría Militar de la República.

Y fue entonces, con el “cuco” de la Pepca rondando, que algunos comenzaron a regularizar su situación… 16 meses luego de ser electos o de acaecer dejado el puesto.

El crónica que la Cámara de Cuentas remitió el pasado 25 de abril de 2025 a la procuradora Nueva Berenice Reynoso detalla que 1,591 personas electas o reelectas y 1,644 salientes o que cesan no cumplieron en el plazo permitido para entregar la manifiesto jurada de patrimonio.

El documento enviado por la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Meloa la Procuraduría añadía: “Podría acaecer otros funcionarios en situaciones de incumplimiento permitido de los cuales no hemos obtenido información”. Es proponer, el número podría ser aún anciano.

El cuco

Antiguamente de la carta, escasamente 19 funcionarios municipales presentaron su manifiesto de forma extemporánea, luego de que se hiciera notorio el crónica oficial en noviembre del año pasado: tres alcaldes, dos vicealcaldes, seis regidores, un director municipal y siete vocales.

Una monograma insignificante si se considera que más de 1,591 electos permanecían, hasta el pasado abril, en desatiendo.

En ese contexto, pira la atención que la Cámara de Cuentas saliera a celebrar el pasado 17 de junio un “exitoso eficaz de presentación de manifiesto jurada“, en el que, según su propia nota de prensa, hubo una “masiva” público de funcionarios a la sede del víscera fiscalizador.

Lo que no dijo la nota es que muchos de esos funcionarios estaban allí luego de que se les moviera el adoquinado con una carta dirigida a la procuradora Yeni Berenice Reynoso Gómezcon atención a Mirna Ortiz, procuradora adjunta de la Pepca.

Más de un año en desatiendo

Loss funcionarios electos deben presentar su manifiesto jurada en los primeros 30 días luego de contraer el cargo; los salientes, en el interior de los 30 días posteriores al cese.

Sin secuestro, los datos muestran que, más de un año luego del cambio de mando en los ayuntamientos y distritos municipales, que se produjo en abril de 2024, miles de funcionarios y exfuncionarios seguían incumpliendo este deber permitido, pese a que la Ley 311-14 y la Ley de Función Pública 41-08 consideran esta omisión como una desatiendo pesado.

El desglose se presenta de la posterior guisa, al corte de abril: 47 de los 158 alcaldes y 75 de los 158 vicealcaldes están omisos, pegado con 572 de los 1,164 regidores.

En el nivel de distritos municipalesla omisión alcanza a 137 de los 235 directores, los 235 subdirectores y 525 de los 735 vocales electos. Estos datos confirman, a nivel municipal, una desatiendo generalizada de cumplimiento con la obligación permitido de fallar el patrimonio al contraer el cargo.

El caso de los salientes es todavía peor: 83 alcaldes no entregaron su manifiesto final. Por otra parte, 124 vicealcaldes, 769 regidores, 129 directores municipales y 539 vocales salientes siquiera presentaron. Como si al salir de las alcaldías se desconectaran.

Evidentemente, a nivel municipal, la Ley 311-14 ha sido ignorada de guisa sistemática, sin que se apliquen sanciones en contra de ningún de ellos. Y si hay alguna correctivo, no se ha entregado a conocer constancia de sanciones efectivas, ni de suspensiones o inhabilitaciones por parte de los organismos de control. Siquiera los partidos políticos han emitido rapapolvos a sus miembros.

A nivel congresual

Se recuerda que, a nivel congresual, unos 36 diputados electos siquiera depositaron la manifiesto jurada de patrimonio a tiempo.

La nómina de diputados incluye 21 del Partido Revolucionario Actual, seis de la Fuerza del Pueblo y cinco del Partido de la Libramiento Dominicana, adicionalmente de legisladores del Partido Demócrata Institucional, Demócrata Popular, Partido Humanista Dominicano y un diputado sin partido patente.

A los diputados hubo que amenazarlos con no pagarles el salario. ¿Cuántos se habrán puesto al día luego de la advertencia del presidente de la Cámara de DiputadosAlfredo Pacheco?

¿De qué sirve la ley?

A todos los niveles, pero principalmente en el nivel municipal, la Ley 311-14 ha sido ignorada de guisa sistemática por decenas de funcionariossin consecuencias reales. No hay constancia de sanciones efectivas, ni de suspensiones o inhabilitaciones por parte de los organismos de control.

Cada ciclo electoral repite el mismo patrón: se proclama el compromiso con la transparenciapero en la praxis, los funcionarios incumplenpasan los meses y la norma queda en el papel.

Y cuando el víscera fiscalizador, que por ley debería ser más riguroso, termina organizando operativos para “motivar” el cumplimiento 10 meses tarde, uno no puede evitar preguntarse: ¿para qué sirve una ley que no se hace cumplir, ni siquiera por quienes deben fiscalizarla?

La respuesta quizá la dio el propio eficaz del pasado 14 de junio: cuando se supo que la Procuraduría estaba ya al tanto, aparecieron algunos en la Cámara de Cuentas. Pareciere que no por deber cívico, sino por miedo a terminar en un conveniente.