El patrón Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de Servicio Doméstico de Seguridad Privada (Senaasa) “guisó” desde el 2012 con “jugosos acuerdo” para proteger las instalaciones y equipos de las tres distribuidoras de electricidad (Edenorte, Edesur Y Tiraje), así como los de la ARS oficial Senasa y la del Instituto de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pagando sobornos de más de 108 millones de pesos.

Rodríguez González es uno de los diez imputado a los que el Servicio Manifiesto solicita prisión preventiva porque para las adquisiciones de esos acuerdo se valió del suscripción de más de 108 millones de pesos a marcial y civiles que, incluso, su función era la de hacer el trabajo por la que se pagaba a una empresa privada.

La solicitud de medida de coerción detalla que las distribuidoras de electricidad pagaron por un servicio de seguridad privada a pesar de que esas instituciones cuentan “con un Área de Seguridad Internaencargado formalmente de velar por la protección de su personal, intereses y operaciones”.

“A través de esta empresa (Senaasa) se entregaron sobornos desde mediados del año 2012, aproximadamente. Esta destreza corrupta le permitió a dicha empresa agenciarse jugosos acuerdo para cumplimentar servicios de seguridad (…) Desde las fases previas de la contratación hasta la ejecución de estos, están marcados por violaciones a la ley, las cuales sirvieron como útil para estafar y deteriorar los intereses del Estado”.

Militares y policías sobornados

La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige Mirna Ortiz, sometió, encima del patrón Rodríguez González, al anciano militar retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díazquien fungió como director de Seguridad de Edesur; y a los coroneles Andrés Pacheco Varela, director de seguridad de Edenorte y de la Fuerza Aérea; Luis Ernesto Vicioso Papera, patriarca de seguridad de Tiraje; el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad de Inaipi; y al coronel Elías Caamaño Pérez.

La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, así como al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

El Servicio Manifiesto pedido que el caso mar evidente engorroso.

Funcionario y único civil recibió RD$35 millones

Por los sobornos en Edenorteel Servicio Manifiesto afirma que ha identificado que durante el período 2020-2025, el civil imputado, Bolívar Nicolás Fernández Espinaldirector de la Dirección de Seguridad Física de esa distribuidora “recibió la suma de RD$35,319,179.54, en calidad de sobornoslos cuales fueron transferidos directamente a sus cuentas o a de terceros, como a su esposa, cuñado y hermana.

En Edesursegún el documento de solicitud de medida de coerciónal que tuvo ataque Diario Huido, el “esquema de sobornos operó de guisa sostenida desde el año 2012 hasta el 2020, año en que el imputado (el señor Carlos Ambrosio Robles Díazen su calidad de director de Seguridad de dicha distribuidora), fue desvinculado de la entidad pública.

Loss sobornos exigidos por los altos oficiales a Rodríguez González, con quien sostenían reuniones en restaurantes para ofertarles el negocio, eran entregados tanto mediante transferencias directas a sus cuentas bancarias como a través efectivo.

En el caso de Senasaen cumplimiento al acuerdo de un suscripción mensual de soborno, desde el año 2016 hasta el año 2019, el coronel Elías Caamaño Pérezrecibió la suma de RD$3,032,505.34, los cuales recibía directamente a sus cuentas mediante transferencias bancarias directas a su nombre o en efectivo proveniente de cheques librados SENASE para esos fines.