@Abrilpenaabreu
Lo sucedido con los choferes del software TRAE no es un simple escándalo pasajero; es una señal de aviso sobre el nivel de descomposición que puede alcanzar una sociedad cuando la irresponsabilidad se normaliza. Que personas encargadas de transportar a nuestros hijos lo hagan bajo los mercadería de drogas no es solo una desliz disciplinaria: es una disparate de proporciones épicas, un acto de peligro consciente que debería estar claramente penalizado por la ley.
Lo más llano es que los 12 casos detectados no surgieron de una investigación profunda, sino de pruebas aleatorias. Eso significa que hay una cantidad indeterminada —quizás mucho viejo— de conductores en las mismas condiciones, no solo en el TRAE, sino asimismo en el transporte divulgado y privado, e incluso en sectores tan delicados como la educación y la sanidad. ¿Cuántos profesores, médicos o conductores manejan o trabajan bajo el impresión de sustancias, y nosotros sin saberlo seguimos confiando en ellos nuestras vidas y las de nuestros hijos?
El TRAE ha hecho lo que puede: abolir. Pero más allá de eso, el sistema no ofrece mucho más. La ley dominicana contempla el consumo o conducción bajo los mercadería de drogas o bebida como una desventaja, pero no lo negociación con la severidad que amerita un país donde los accidentes de tránsito ya son una invasión. Aun si un chofer drogado mata a cien personas, las consecuencias judiciales suelen ser mínimas, porque las leyes son tan laxas que protegen más al infractor que a la víctima.
En algún momento tendremos que entender que aunque el consumo sea un tema de sanidad, la intrepidez de manejar o ejercitar una función pública bajo sus mercadería es un acto criminal de responsabilidad directa. Manejar un transporte, actuar una máquina o estar frente a un cátedra sabiendo que se está bajo la influencia de drogas no es un descuido: es una intrepidez consciente y, por consiguiente, debería tener consecuencias penales severas.
La sociedad dominicana necesita un leñazo de sinceridad. No pespunte con detectar, despedir o indignarse. Se requiere una reforma reglamentario urgente que establezca penas ejemplares para quienes ponen en aventura la vida ajena bajo los mercadería de sustancias, sobre todo cuando se negociación de niños, pacientes o pasajeros.
Mientras no entendamos que la seguridad empieza por la responsabilidad individual y que la impunidad asimismo mata, seguiremos llenando titulares de tragedias que pudieron evitarse con una simple prueba antidrogas y una ley que en realidad funcione.





