ztevenreal
En el ámbito de la Audiencia Solemne celebrada el 7 de enero de 2026 con motivo del Día del Poder Legal, el mediador coordinador del Área Legal de San Francisco de Macorís, Dr. Claudio Aníbal Medrano Mejía, pronunció un discurso de fondo institucional en el que articuló una consejo sobre la relación entre jurisprudencia y democracia, la independencia jurídico, los avances estructurales del sistema y los desafíos éticos que enfrenta la jurisprudencia en la era digital.
Desde los párrafos iniciales, el magistrado estableció que la existencia de un Poder Legal independiente no se vincula sólo a la democracia como expresión de soberanía popular, sino a la democracia de los derechos, cuya finalidad primordial es la protección efectiva de la persona humana.
En ese sentido, sostuvo que la jurisprudencia cumple una función de contrapoder, al estar indicación a controlar el deporte del poder político cuando este vulnera los límites constitucionales o los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El mediador Medrano Mejía recordó que, en un Estado constitucional, la política debe someterse al derecho y no a la inversa, subrayando que la jurisprudencia no es representativa ni mayoritaria, sino cognoscitiva, sujeta exclusivamente al imperio del derecho. Esa sujeción, afirmó, es la cojín de su carácter contramayoritario y de su capacidad para resistir interferencias de otros poderes del Estado. Advirtió encima que la independencia jurídico no puede descansar en el heroísmo individual de los jueces, sino en garantías institucionales claras, como la autonomía presupuestaria y administrativa consagrada en la Constitución y en las leyes vigentes.
En ese contexto, expresó su expectativa de que el recién creado Ocupación de Imparcialidad contribuya al fortalecimiento efectivo de esas garantías, sin afectar la autonomía del Poder Legal.
Reducción histórica de la mora jurídico
Al sobrevenir al vaivén de diligencia, el magistrado informó que el Distrito Legal de San Francisco de Macorís cerró el año 2025 con una reducción superior al 98 % de la mora jurídico, situándose a un solo expediente del despacho total en la Corte Penal de Apelación. Indicó que actualmente el 85 % de los tribunales del área se encuentran al día, una sinceridad que calificó como sostenible y superable, con la proyección de erradicar por completo la mora en los primeros meses de 2026.
Estos resultados, explicó, no responden sólo a un esfuerzo voluntarista de los jueces, sino al ampliación de competencias institucionales y a la implementación de herramientas de diligencia que han transformado la forma de trabajar en los tribunales, que se enmarcan en los objetivos estratégicos heredados del Plan Visión Imparcialidad 20/24: cero mora jurídico, 100 % de entrada y 100 % de transparencia.
Sistema de diligencia de casos y expediente electrónico
Uno de los pilares de esa transformación ha sido el sistema de diligencia de casos, que opera bajo una política de cero papel y se apoya en el uso del expediente electrónico y del número único de identificación procesal. Este sistema permite el seguimiento integral de cada proceso, la trazabilidad de las actuaciones y el entrada remoto a los expedientes, garantizando viejo transparencia, control y agilidad.
El uso generalizado de la firma digital, señaló, ha hecho posible una jurisprudencia más oportuna y válido, sin ofrendar la calidad de las decisiones. Paralelamente, el Poder Legal ha impulsado la prosperidad del lengua jurídico y la motivación de las sentencias, con empaque en decisiones breves y comprensibles, líneas que continuarán fortaleciéndose a través de los programas de capacitación previstos para 2026, que formarán parte de la Semana con la Escuela, a celebrarse del 8 al 12 de junio de este año.
Consideraciones sobre el nuevo Código Penal
En su observación del ámbito normativo, el mediador coordinador abordó la fresco aprobación del nuevo Código Penal, al que definió como un cuerpo justo con una impronta marcadamente dominicana. Reconoció que incorpora innovaciones relevantes y un sistema de principios penales actualizado, aunque advirtió que algunas disposiciones reflejan tendencias punitivas influenciadas por el contexto político y social contemporáneo, cuya compatibilidad con el Estado constitucional deberá ser evaluada en la ejercicio y, eventualmente, por los órganos de control constitucional.
En paralelo, destacó la reforma al Código Procesal Penal, que introduce cambios estructurales como la simplificación de la jurisprudencia de paz, la prohibición del reenvío a nuevo entendimiento y la creación de una pelotón multidisciplinaria de apoyo a la jurisprudencia penal, concebida para vigorizar la calidad de las decisiones y el seguimiento de medidas alternativas.
Mediación y jurisprudencia penal racional
El magistrado reiteró la importancia de consolidar la mediación y los acuerdos como mecanismos esenciales para una jurisprudencia penal más racional y humana. Señaló que el fortalecimiento de la negociación procesal permite acortar la sobrecarga de los tribunales, evitar juicios innecesarios y ofrecer respuestas más eficaces a los conflictos sociales, en consonancia con los principios que inspiraron la reforma procesal penal.
Asimismo, destacó el trabajo del Tribunal de Ejecución de la Pena, que mantiene la ejecución puntual de las libertades, sin personas privadas de permiso que hayan cumplido condena esperando excarcelación. Señaló, no obstante, la escazes de avanzar en dirección a una interoperabilidad plena entre las instituciones del sistema penal para respaldar información confiable y oportuna.
Imparcialidad del futuro y desafíos éticos de la inteligencia químico
Al proyectar la jurisprudencia del futuro, Medrano Mejía afirmó que la transformación digital es irreversible, pero advirtió que su éxito dependerá de la capacidad del sistema jurídico para poner la tecnología al servicio de la persona y no a la persona al servicio de la tecnología.
En ese ámbito, dedicó una consejo específico a los riesgos éticos asociados al uso de la inteligencia químico en los sistemas judiciales, señalando que organismos internacionales han identificado a la jurisprudencia como un ámbito de parada peligro para el uso indiscriminado de estas herramientas, correcto a su potencial para vulnerar derechos fundamentales.
Citó experiencias recientes en otros países que han generado debate por el uso no supervisado de inteligencia químico en la redacción de sentencias, advirtiendo que la productividad no puede imponerse sobre la calidad, la motivación y la responsabilidad jurídico. Enfatizó que la inteligencia químico debe ser siempre un herramienta auxiliar, nunca un sustituto del entendimiento humano, y anunció que estos temas formarán parte de la capacitación jurídico prevista para el presente año.
Centro de Servicios Secretariales y civilización de cero papel
Como parte del proceso de modernización, destacó el rol del Centro de Servicios Secretariales, que durante el año 2025 recibió más de 25,000 solicitudes, con devolución inmediata de documentos, consolidándose como una de las expresiones más visibles de la nueva civilización jurídico basada en eficiencia, transparencia y trato humano.
Examen al trabajo jurídico
En el tramo final de su discurso, el mediador coordinador expresó su agradecimiento a jueces, juezas y servidores judiciales del Área Legal de San Francisco de Macorís, destacando el esfuerzo colectivo que ha hecho posible los avances alcanzados. Mencionó de guisa específico a los presidentes de órganos jurisdiccionales Amparo de Arrojado Salazar, Julio Manuel Castillo Plata, Martha Cristina Díaz Villafaña y Gregorio Cordero Medina, así como a magistrados, jueces suplentes, abogados ayudantes y personal de apoyo, cuyo trabajo calificó como determinante para la sostenibilidad del servicio jurídico.
El acto concluyó con un llamado a preservar y vigorizar la independencia del Poder Legal, reafirmando que la transformación institucional en curso es irreversible y constituye un compromiso permanente con la verdad, la jurisprudencia, la razón y los derechos fundamentales.
