La historia de Miguel es un amenazador refleja de la vulnerabilidad de cualquier ciudadano en presencia de un sistema procesal que puede ser manipulado por quienes ostentan riqueza e influencia. En este caso, Rodolfo Minaya, decidió presentar una querella sin fundamentos claros en su contra, en el residencial Isabel Villas.

Todo comenzó en 2018, cuando Miguel recibió una demanda por presunta falsificación de estatutos. Se argumentaba que los estatutos de 2004, que él había subido a una red social en 2012, eran falsos. La recriminación se fundamentaba en supuestas diferencias con unos estatutos modificados en 2009, en una asamblea donde el mismo acusador firmó.

Un primer fiscal desestimó la demanda penal por considerarla infundada, pero el resolución fue apelado, y el caso fue presentado como instancia privada, dando inicio a un espacioso proceso procesal. Durante siete abriles, Miguel enfrentó múltiples audiencias y reenvíos: equivocación abogado, ausencias del acusador, y otros subterfugios. Todo esto resultó en gastos innecesarios, pérdida de tiempo y una gran intranquilidad para su comunidad.
Dos situaciones destacan en esta insólita recriminación. Primero, la jueza permitió que el acusador, testificara de forma aparente. A pesar de que el consulado dominicano en Orlando ha afirmado repetidamente que no puede localizarlo, la jueza insiste en que son Miguel y sus abogados quienes deben agenciárselas y citar al acusador.

La segunda irregularidad surgió cuando la defensa presentó un documento con la firma de Minaya, aprobando los estatutos de 2009. A pesar de que otros diez vecinos corroboraron esta firma, el acusador llevó el caso a otro fiscal, logrando que el DICRAN declarara que las firmas no coincidían, (a pesar de que estaban en el foráneo). Esto llevó a la transigencia de un nuevo expediente, con dos citaciones al aerofagia y una orden de arresto que movilizó a una docena de policías. Gracias a Dios, el fiscal que emitió la orden, al darse cuenta del error, decidió interrumpir el expediente.

Miguel es un ciudadano honesto que nunca ha formado parte de la Agrupación Directiva del residencial. Su único “delito” fue subir la primera traducción de los estatutos en redes sociales. Este caso ejemplifica el extralimitación de poder en el ámbito procesal y demuestra la requisito urgente de revisar las instancias de honradez, detenidas en persecuciones infundadas.

La Procuraduría debe investigar estas irregularidades y detener el acoso a Miguel y a fiscales honestos como Gerinaldo Contreras. La honradez debe ser un pilar de equidad y respeto, no un esparcimiento de influencias.