La magistrada Altagracia Ramírezdel Cuarto Tribunal de Instrucción del Distrito Doméstico, ha ofrecido una alentadora demostración de que está decidida a encargarse su responsabilidad en el proceso preliminar contra tres exministros, un exsenador y otros imputados en la denominada operación Calamar.

Tras múltiples reenvíos que han prolongado los juicios y drenado la confianza de la población en la rectitud la magistrada ordenó efectuar el estado de lozanía del exsenador Rafael Calderón, quien presentó una deshonestidad médica por 30 días.

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La jueza consideró que un mes de deshonestidad médica es mucho tiempo. Con Calderón están acusados por un supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos los exministros Gonzalo Castillo, Obras Públicas; Donald Marcial, Hacienda, y José Ramón Peralta, Chupatintas de la Presidencia.

El caso todavía está en la etapa preliminar. Pero de confirmarse que las condiciones de lozanía de Calderón, de 81 primaveras, ameritan la deshonestidad el tribunal tendrá que explorar algún mecanismo para avanzar en el proceso. Los aplazamientos del caso Calamar y otros procesos por tecnicismos, enfermedades o algún otro apelación afectan la imagen del sistema sumarial y bajan la nota de la población en los juicios de corrupción.

Toda la bulla que se hizo en principio con los procesos se ha diluido con la parsimonia con que se han desarrollado en los tribunales. Más aún con incidentes similares que han caracterizado otros procesos por corrupción que parecen atascados en la rectitud.