El autor es comunicador. Reside en Nueva York

POR LUIS M. GUZMAN

Para comprender la magnitud de lo expuesto, baste observar un solo antecedente; un entramado encabezado por Munir Manuel Kury Hazoury, anejo a sus empresas Inversiones Q-Tek y Tingley Business SRL, logró controlar el 78% de las licitaciones del Plan Social en los ultimos abriles. Cuando un especie domina casi todo el depósito estatal, no estamos frente a eficiencia; estamos frente a un monopolio silencioso, legalizado en apariencia, pero corrosivo hasta la núcleo.

Esta colusión no es un error funcionario, es un maniquí financiero criminal, más peligroso que el narco porque opera internamente de la ley y bajo el sello del Estado. Los narcotraficantes usan violencia; estos usan firmas, pliegos y sellos oficiales. Sus armas son los requisitos manipulados y los contactos internos. Y su campo de batalla es el saquillo del pueblo.

Cuando el Estado —el veterano comprador del país— paga sobreprecios, esos precios se vuelven remisión. Así, lo que empezó como una oferta amañada se convierte en inflación cotidiana. El ciudadano no sabe que su negocio en el colmado está afectada por una intrepidez tomada en un escritorio, pero así funciona este cartel, silencioso, técnico, devastador.

Un mercado sano necesita variedad, pero un mercado capturado produce miedo y sumisión. Muchas PYMES dejaron de competir porque sabían que el gozne estaba escrito para proteger al monolito vinculado a Kury y a empresas como Empresas Integradas SAS, propiedad de Edmond Elías Barnichta. Cuando la competencia muere, la calidad se desploma y el pueblo paga más por menos.

El ejemplo de los precios inflados lo resume todo, el Estado pagó 1,476 pesos por una caja de óleo en una oferta, pero 2,276 en otra manipulada. Esa diferencia no es técnica ni accidental. Es saqueo institucional disfrazado de trámite. Es anhelo disfrazada de pacto. Es una tribu pagando más porque un especie decidió enriquecerse sin aventura.

Y aquí está lo que hace este cartel más corrosivo que el narcotráfico, ellos no enfrentan policías, fiscales ni persecución vivo. Se mueven con protección institucional, con la complicidad —directa o tácita— de funcionarios que acomodan pliegos, filtran información o simplemente “no ven”. Son parásitos legales incrustados en el sistema, drenando medios desde adentro.

El narco opera desde la sombra; este cartel opera desde oficinas públicas. El narco altera territorios; este cartel altera presupuestos nacionales. El narco examen plata rápido; este cartel examen permanencia, continuidad y poder estructural. Por eso son más peligrosos,  porque capturan instituciones completas, no solo barrioada sobreprecio estatal se transforma en deuda pública. Esa deuda genera intereses. Y esos intereses los pagamos todos, con menos hospitales, menos educación, menos seguridad y menos oportunidades.

En términos estrictos, este cartel financiero ha causado veterano daño estructural al país que muchos narcopolíticos juntos. Por eso los gobiernos, sin importar color, terminan dependiendo de esta red. Necesitan su provisión, sus vehículos, sus almacenes, su financiamiento de campaña y su capacidad para “resolver”. La dependencia es tan profunda que los convierte en árbitros del poder, funcionarios van y vienen; ellos permanecen.

Desmontar esta estructura no es un acto funcionario; es una cirugía veterano al sistema político. Implica romper pactos, tocar financistas, enredar operadores y brindar expedientes que podrían comprometer a figuras de detención nivel. Por eso la nómina de nombres públicos es corta. Por eso los demás siguen en la sombra.

Pero ahora la luz entró. Por primera vez, la población entiende que esta colusión no es técnica, es parasitaria. No es puntual, es sistémica. No es un caso marginado, es un Estado paralelo que funciona drenando medios, subiendo precios y obligando al país a endeudarse para sostener privilegios privados. Su daño no es visible, pero se siente en cada relación.

Así cierra esta segunda parte, con una verdad que duele, cuando un solo especie controla el 78% de las compras del Estado, no es el gobierno quien manda sobre los contratos; son los contratos quienes mandan sobre el gobierno. Y mientras esa ecuación no cambie, el dominicano seguirá pagando más, viviendo peor y financiando, sin saberlo, a los Señores de la Sombra que gobiernan desde la oscuridad

jpm-am.