SANTO DOMINGO.- Los implicados en la estructura del caso Cobra, que operó en el Seguro Doméstico de Sanidad (SeNaSa) y que según el Empleo Notorio era liderada por su exdirector Santiago Hazim, crearon programas especiales sin sustento técnico ni financiero con el objetivo de obtener sobornos millonarios.

Así consta en la solicitud de medida de coercióndonde se establece que a través de estos programas especiales obtuvo sobornos.

La red habría instalado un equipo interno que ejecutó una obstrucción sistemática contra cualquier iniciativa de progreso institucional o programas de transparencia, con el fin de avalar la continuidad de sus maniobras fraudulentas, según el Empleo Notorio.

Todas estas operaciones ejecutadas en SeNaSa tenían como objetivo sustraer capital de la institución mediante mecanismos irregulares con ramificaciones en varias empresas del sector sanidad.

El documento indica que la Dirección de Sanidad tramitó los pagos de estos programas en torno a la Dirección Financiera, simulando licitud para discurrir el desvío de fondos institucionales.
Encima, se señala que se adulteraron los estados financieros de modo sistemática, involucrando directamente a personal esencia como contabilidad, exploración financiero y tecnología, con el fin de realizar cierres fraudulentos de bordereaux.

Con los registros de reclamaciones manipulados y los estados financieros falseados, mantuvieron oculta la verdadera dimensión del cargo institucional, proyectando una falsa apariencia de solvencia delante los organismos fiscalizadores externos.
La estructura desvió fondos estratégicamente destinados a las reservas técnicas de la institución, comprometiendo su solvencia y el futuro cuota a los Prestadores de Servicios de Sanidad (PSS).

La instancia establece que, mediante la manipulación de la Dirección de Tecnología, se instrumentalizó y subordinó el proceso para consolidar el cerrojo fraudulento del bordereau, ejecutando alteraciones contables directamente desde la pulvínulo de datos de SeNaSa.

Se reclutó y cooptó a funcionarios y técnicos esencia adentro de la estructura financiera de la institución incluyendo a la encargada de exploración financiero y presupuesto, para ejecutar órdenes ilícitas, manipular informes y autorizar cierres fraudulentos de cuentas.

El documento indica que el mecanismo central de la red del caso Cobra consistió en la manipulación directa del bordereau (registro de reclamaciones pendientes), violando los controles institucionales para ocultar la verdadera magnitud del cargo.

El directivo financiero era el encargado de realizar el subregistro sistemático de obligaciones, creando una pulvínulo de datos adulterada.

De acuerdo con la evidencias presentadas por el Empleo Notorio, todas estas irregularidades impactaron las reservas técnicas de SeNaSa en más de 15 mil millones de pesos.

Contratos fraudulentos
La estructura del caso Cobra ejecutó contratos fraudulentos a cambio de sumas millonarias en sobornos. Para este mecanismo, constituyeron una red de empresas de carpeta destinadas a operaciones de lavado de activos provenientes de los esquemas de sobornos.

A través de estas empresas generaron cientos de facturas ficticias para sustentar operaciones ilícitas y dar apariencia de rectitud a los fondos obtenidos mediante sobornos exigidos a contratistas privados.
La ordenamiento negociaba directamente el otorgamiento o restitución de códigos de Prestadores de Servicios de Sanidad (PSS), previamente cancelados, buscando consolidar la complicidad de actores del sector privado.

En la solicitud de medida de coerción, el Empleo Notorio pide 18 meses de prisión preventiva como medida coercitiva para los imputados: Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente forense; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Sanidad y Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino de Hazim y fundador de MyCare

Así como los proveedores implicados: Eduardo Read Fortuna, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera y Heidi Mariel Pineda.

Hoy, un togado de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Doméstico conocerá la solicitud de medida de coerción al clan imputado de cometer fraude millonario contra esta Administradora de Riesgos de Sanidad (ARS) pública, así como delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

El Empleo Notorio asegura ocurrir reunido evidencias de sobornos a gran escalera, adulteración de estados financieros, creación de programas ilegales, desvío de fondos, maniobras fraudulentas y un esquema sistemático de corrupción instalado por el entonces director ejecutante de SeNaSa, en colaboración con otros funcionarios y prestadores de servicios de sanidad.