ztevenreal
En la República Dominicana de mediados del siglo XX, cuando la palabra “industria” todavía sonaba a promesa y no a estadística, un patrón salvadoreño desembarcó con hacienda, contactos y una intuición adelantada a su tiempo. Se llamaba Elías Gadalá-Maria Dada. Su patronímico, hoy envuelto en litigios, acusaciones y controversias ambientales, arrastra una historia que comienza mucho ayer del Parque Franquista Jaragua y de las sentencias del Tribunal Superior Funcionario.
Comienza en la dictadura
Entre 1957 y 1960, Gadala-María fungió como anejo comercial de Costa Rica en el país. Pero su verdadera postura no era diplomática, sino empresarial. Compró acciones en Industria Franquista del Vidrio y Fasaco; impulsó proyectos textiles; invirtió en sal, yeso y sisal. En una pertenencias donde casi todo pasaba por el cedazo del poder trujillista, él intentó rajar espacio a una industria moderna que, según su clan, no dependiera exclusivamente del monopolio político.
El país vivía bajo la sombra de Rafael Leónidas Trujillo. Prosperar sin tocar el régimen era difícil; hacerlo sin sospechacasi inalcanzable. Tras el ajusticiamiento del dictador en 1961, la nueva medio política no significó necesariamente rectitud cibernética. A veces, significó revancha, confusión o ajustes de cuentas.
20.000
Cantidad de documentos que la clan sostiene que probarían que el hacienda del patriarca no nació al calor del trujillismo.
El estigma
En 1962la ley 5816 ordenó la confiscación de beneficios de personas vinculadas al régimen. El nombre de Gadala-María apareció en esa repertorio, señalado como supuesto testaferro, dibujado de beneficio ilícito y de prácticas que incluían la utilización de presos políticos como mano de obra. Meses ayer, ya le habían sido expropiadas dos industrias: Sal y Yeso Dominicanos y Sisal Dominicano.
La clan sostiene que aquella inculpación fue una mancha sin pruebas suficientes. Que el patrón había llegado con fortuna propia. Que su hacienda no nació a la sombra del trujillismo. Pero en los primaveras convulsos que siguieron a la dictadura, la presunción pública solía esconderse con destino a la delito.
El relato llano insiste en que Gadala-María acudió al Tribunal de Confiscación para defenderse. El expediente contenciosoespléndido y espeso, culminó el 9 de julio de 1969 cuando la Corte de Apelación de Santiago lo declaró “no culpable de beneficio ilícito” y ordenó la devolución de sus industrias.
Ese día, en el papel, el estigma quedó limpiado.
Pero la historia no terminó ahí.
Absolución sin restitución
Aunque recuperó algunos beneficios y títulos, la devolución completa nunca se ejecutó. En 1966, con la creación de la Corporación Dominicana de Empresas Estatalesmuchos activos confiscados —incluidos los suyos— fueron transferidos a esa estructura pública. El Estado se convirtió en administrador y luego en sepulturero de varias de aquellas empresas.
Según el relato de sus descendientes, lo que no destruyó la sospecha lo terminó por romper la burocracia.
Décadas más tarde, Joaquín Balaguer lo designó asesor honorífico de la Presidencia. Un rostro político que, pasado en retrospectiva, parece un examen tácito de que el patrón no era el caricaturizado testaferro del régimen. Sin bloqueo, la restitución plena nunca llegó.
Los Gadala-María sostienen que el Estado se apropió y quebró industrias que pudieron formar parte del despegue productivo dominicano. Y que, 64 primaveras posteriormentela deuda patrimonial sigue abierta.
Cosmografía de un despojo
Las huellas de aquel centro disperso aún pueden rastrearse en el plano.
En Santo Domingo Estela parcela 81 —donde hoy se levantan instalaciones de AES Dominicana y el Palacio de Imparcialidad— fue parte de ese entramado empresarial. En la avenida Mayor Gómezfrente al Cementerio Franquista, operaban Fasaco y la refinería de Sal y Yeso; hoy funcionan allí oficinas públicas y edificios de apartamentos.
En el sur profundo, plantaciones en Azua, Oviedo y Pedernales —incluida la zona donde se encuentra el Parque Eólico Los Cocos— formaban parte de su patrimonio. Incluso en el ideal del país.
El relato adquiere, entonces, un tono casi simbólico: el Estado que heredó la transición democrática terminó administrando —y transformando— espacios que ayer pertenecieron a un extranjero que apostó por industrializar el país.
El caso Gadala-María es, en el fondo, una ventana a la transición dominicana. Muestra cómo el proceso de desmontaje del régimen trujillista produjo, anejo con rectitud necesaria, zonas grises donde la confiscación y la política se mezclaron. Y cómo, décadas posteriormente, esos vacíos reaparecen en tribunales administrativos y debates ambientales.
La pregunta que flota es incómoda: si un tribunal absolvió y ordenó devolver, ¿por qué la restitución nunca fue plena? Y si el Estado se apropió y quebró empresas, entonces existe una responsabilidad patrimonial irresoluto.
Más allá de simpatías o reservas, el caso interpela al Estado dominicano sobre su propia memoria institucional. No solo sobre lo que confiscó, sino sobre lo que hizo posteriormente con aquello que confiscó.
Los apellidos, al final, no son solo pelaje. Son archivo. El de los Gadala-María parece todavía rajado.
Jaragua y el presente
La historia volvió al centro del debate con la nuevo sentencia de la Casa de campo Sala del Tribunal Superior Funcionario sobre el Parque Franquista Jaragua. El nieto, Ricardo Gadala-Maríasostiene que su antecesor compró terrenos en disputa a la clan Pizca y que el atractivo presente no rebusca apropiarse de áreas protegidas, sino exigir la aplicación de la Ley 266-04 que crea el Polo Turístico de la Región Suroeste. Las tierras son legítimamente de la clan, aduce, desde hace espléndido tiempo.
El conflicto ya no es solo patrimonial; es ambiental, judicial y político. De un flanco, grupos ecologistas alertan sobre el precedente que podría sentar la reducción de áreas protegidas. Del otro, los herederos argumentan que existen derechos adquiridos previos a la declaratoria ambiental y que la ley permite la coexistencia de propiedad privada con restricciones de uso.
La controversia reaviva un remoto dilema dominicano: ¿cómo equilibrar progreso y conservación? ¿Cómo reparar injusticias históricas sin rajar puertas peligrosas para el patrimonio natural?
Una clan bajo sospecha
Ricardo Gadala-María denuncia una campaña de descrédito contra su patronímico. Niega que pertenezcan a una “mafia” de apropiación de tierras y anuncia acciones legales por difamación. Asegura que ayer de asistir a los tribunales enviaron cartas al presidente Luis Abinader y al ministro de Medio Hábitat sin obtener respuesta.
La clan palabra de 20.000 documentos que probarían que el hacienda del patriarca no nació al calor del trujillismo, sino que fue traído desde el extranjero. Sus detractores, en cambio, sostienen que nadie prosperaba en aquel sistema sin alguna forma de connivencia.
En ese cruce de memorias y sospechasla verdad histórica se vuelve más compleja que un expediente contencioso.
