Por: Alejandro Paulino Ramos

El presidente Rafael L. Trujillo se juramentó en agosto de 1930. Un año luego, cuando se celebraba ese hecho, quedó constituido en el teatro Capitolio una estructura que se convirtió de la incertidumbre a la mañana en una estructura de poder político: herramienta de vigilancia a los opositores, instancia de control vinculado al Estado, encima de mecanismo para el beneficio del dictador, que perduró por décadas con el nombre de Partido Dominicano.

En 1931 desaparecieron las agrupaciones políticas tradicionales que apoyaron a Trujillo en el derrocamiento de Horacio Vásquez en febrero de 1930actuando unificados bajo el nombre de “Confederación de Partidos”. Fruto de esa fusión surgió por breve tiempo el “Partido Unionista”, que rápido resultó ser la colchoneta para la estructura de una nueva agrupación: El “Partido del Normal Trujillo”; pero en agosto de 1931 esa estructura personalista, centrada en la figura del mandatrio, adoptó el nombre de “Partido Dominicano”:

El 2 de agosto se reunió la Concilio Provincial del “Partido del Normal Trujillo” y el 16 de agosto de 1931en acto divulgado en el teatro Capitolio, quedó formalmente constituido el aquel partido para respaldar a Trujillo, su «único caudillo supremo», en la diligencia gubernativa. Se inició de inmediato la integración de sus miembros directivos en el tren estatal y se hizo estrictamente obligatorio para todos los dominicanos inscribirse en la nueva agrupación política, encima de necesario inscribirse y ser miembro de ella para poder obtener un empleo o un puesto en el gobierno.

El Partido Dominicano devino en una institución totalitaria que obligaba a sus miembros a prestar servicios policiales, de propaganda, vigilancia e información. El proceso de formación y consolidación de la estructura de este y de su incidencia en la sociedad, iba parejo a la persecución de los opositores y a la integración de los antiguos miembros de los partidos tradicionales.

La vinculación del Partido con las funciones del Estado dejaba una nebulosa en cuanto a las atribuciones de uno y otro, como quedó evidenciado en un discurso pronunciado por Trujillo en 1945asignándole a esa estructura la responsabilidad de los servicios sociales, la educación, los comedores económicos, las cantinas escolares, la construcción de barrios, casas para los menesterosos, hospital de maternidad y edificio destinado para el club social de los trabajadores. Como lo explica el historiador Robert Crassweller, El Partido Dominicano se integró desde temprano al Estado de modo oficial y sus máximos dirigentes ostentaban el rango de funcionarios del gobierno.

De modo, que como explica el doctor Jimenes Grullón, el PD se convirtió en «una estructura paragubernamental que compartió con el mecanismo represivo la función de amparar en pie al gobierno y solo se podía acomodarse un puesto en la distribución pública si se era miembro de él». Bajo esas condiciones de control del Estado, los ciudadanos estaban obligados a participar en las elecciones generales siempre votando por Trujillo, el único candidato, para de esa modo “firmar” su permanencia como mandatario y si se era empleado, obligado a permitir se le descontara por nomina el 10% de su sueldo para el Partido. Esta modalidad facilitó que Trujillo se beneficiara del Estado para su provecho personal.

Tal y como lo explico en “La dictadura de Trujillo: Vigilancia, tortura y control político” durante los más de 30 primaveras de continua dictadura, los empleados públicos estaban constreñidos a financiar las actividades del Partido Dominicano a través del descuento del 10% de sus salarios, lo que se hacía de modo formal a través de las instancias oficiales encargadas de realizar el suscripción a los empleados públicos, «como contribución para su sostenimiento, dineros de los cuales dispone a su antojo el Supremo Patriarca del Partido».

Evidencia de lo que venimos diciendo, la solicitud de Investigación sobre descuento del 10%: el Oficio No. 3865 del 15 de junio de 1943 dirigido a los presidentes y secretarios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Agricultura y Trabajo de Barahona, con la subsiguiente observación: Considerar, “sin retención, que el objetivo principal de su consulta es enterarse si los empleados de esa institución están o no sujetos a la contribución del 10% de sus sueldos, que todos los adeptos al Partido Dominicano ofrecen para el sostenimiento y expansión de esta poderosa agrupación política, por cuanto, si no está claramente expuesto en su oficio citado, se advierte fácilmente en los términos y anexos del mismo, me es satisfactorio informar a ustedes que es opinión de esta Concilio Superior Directiva, que todos los miembros del Partido que sirven cargos en instituciones oficiales, semioficiales o en aquellas que el Estado organiza como servicio para la sociedad, tales como las Cámaras de Comercio, las Oficialías de Estado Civil y las Conservadurías de Hipotecas, están sujetas, por disciplina y por deber, al suscripción regular de sus contribuciones al Partido, para los fines indicados».

De lo que se trataba, en narración al preliminar documento, era avalar el auténtico cumplimiento de la disposición de Partido Dominicano, para extraer del faltriquera de los afiliados, que los eran todos los empleados de la distribución pública una parte de sus salarios. Los capital obtenidos a través de ese mecanismo, como puede ser demostrado, iban a detener a manos del dictador; esta forma de perjuicio a la población, fue uno de los medios utilizados por Trujillo para enriquecerse utilizando el Estado de modo coercitiva contra los servidores públicos.