Washington.- Los ataques de Estados Unidos contra dos lanchas en aguas del mar Caribe que causaron la homicidio de catorce personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos según el presidente Donald Trumpfueron «asesinatos extrajudiciales ilícitos», según aseguró Cronómetro de derechos humanos este jueves.

«Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar drogas«, dijo Sarah Yager, directora en Washington de HRW.

La Empresa estadounidense ha llevado a promontorio al menos dos ataques letales contra embarcaciones en aguas cerca de Venezuela alegando que se trataba de narcotraficantes intentando introducir droga en su país.

«El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos fingiendo lo contrario», explicó Yager.

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«El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden conocido, incluidos militares, deben inquirir minimizar el daño y preservar la vida humana. Sólo pueden usar fuerza mortal cuando sea estrictamente ineludible para proteger contra una amenaza inminente de homicidio o lesiones graves», añade la ordenamiento en un comunicado.

Trump ha empleado la retórica belicista para discurrir estos ataques en medio de la ascensión de las tensiones con Venezuela.

El pasado 2 de septiembre, el mandatario anunció que las fuerzas estadounidense habían derribado una barcaza proveniente de Venezuela en la que, según Washington, viajaban 11 miembros de la cuadrilla transnacional Tren de Aragua que murieron en el acto.

Hace unos días, anunció que habían llevado a promontorio otro revés contra otra barcaza en la que viajaban tres personas y que según él iba repleta de cocaína y fentanilo.

Y, un día luego, declaró a los medios que son tres los ataques que se han llevado a promontorio, pero no dio más detalles.

Todo esto forma parte del operante de EE.UU., que Caracas ha criticado duramente para frenar el tráfico de drogas al país, que Washington considera como una «amenaza» para la seguridad doméstico.