EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El Seguro Doméstico de Sanidad (Senasa) nació bajo el amparo de la Ley 87-01, con la empresa de ordenar los riesgos de salubridad y respaldar atención médica a quienes no pueden pagarla.

Afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, Senasa fue concebido como un organismo descentralizado, con autonomía económico-financiera y técnico-administrativa. En teoría, una estructura blindada contra la interferencia política.

Una caja abierta con dos brazos como la tenaza

Esa autonomía financiera, que debía proteger la mandato pública, terminó siendo el punto de entrada de una tenaza: una red de facturación fraudulenta, utilizando clínicas fantasmas, contratos, Call Center sin respaldo y pagos mensuales que se evaporan sin dejar rastrillo clínico con doble contabilidad. Millones de pesos en servicios inexistentes generaron un dita eficaz que no se explica por negligencia, sino por complicidad.

No es un hecho ocasional

Este no es un caso ocasional. Es parte de una tradición de saqueo institucional donde la salubridad pública se convierte en demarcación de caza para intermediarios, burócratas y empresarios sin escrúpulos. Lo que debía ser un derecho se volvió presa.

He conocido cómo, una y otra vez, desde distintas gestiones gubernamentales, se repite el mismo patrón. Actos de corrupción que ya no sorprenden, porque han aprendido a camuflarse en la rutina. Lo más doloroso es que no se cometen solos. Se ejecutan en alianza con empresarios privados que conocen adecuadamente los pasillos del poder, y que saben cuándo entrar, cuánto cobrar y cómo salir sin dejar huella.

Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que esto siga ocurriendo? La respuesta, aunque amarga, es clara. La impunidad ha sido costumbre. La permisividad, norma. Y la descuido de consecuencias, casi una política de Estado.

Mientras tanto, los capital que deberían acorazar nuestras instituciones se desvían, y nosotros, los ciudadanos, quedamos mirando cómo se desangra lo manifiesto sin que nadie responda. Como dijo Kofi Anam: “Cuando determinado se roba un peso, le está quitando de la boca la crema a un tísico.”

Este caso, daña la imagen de Luis Abinader como administrador de las cosas públicas. Lo de Senasa fue con tenaza, sí. Pero no puede terminar en silencio. Si el Estado se convierte en cómplice, que la ciudadanía se convierta en testificador incómodo, en voz que exige, en memoria que no se deja borrar. Porque cada peso robado no es solo una sigla: es una consulta que no se hizo, un medicamento que no llegó, una vida que se puso en aventura.

Como adecuadamente se ha dicho: “Abinader tiene muchos amigos, pero no cómplices”. Y en un momento en que el país atraviesa una crisis económica profunda, con una deuda social acumulada que pesa sobre los hombros de los más vulnerables, el desfalco al seguro de los pobres le pone la tapa al pomo. Lo dijo Alfredo Cruz Polanco(acento) y lo confirma la ingenuidad: cuando el Estado falta en proteger, agrava la herida de quienes ya cargan con el desistimiento.

La jurisprudencia no puede ser selectiva ni tardía. Tiene que ser ejemplar, pública y reparadora. Y si no llega desde en lo alto, sube desde debajo. Porque cuando lo manifiesto se desangra, lo privado no salva: lo que salva es la dignidad colectiva.

Esa que no se negocio ni se suma, pero que puede —y debe— levantarse para exigir que lo robado se devuelve, que lo impune se castigue, y que lo acordado deje de ser excepción.

jpm-am