La flamante sentencia TC-0148-25 del Tribunal Constitucional dominicano ha impresionado un precedente secreto en la interpretación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, al precisar los límites entre las acciones contractuales y las acciones reales vinculadas a inmuebles registrados.

El caso se originó en una demanda de resciliación de acuerdo asociada a un inmueble inscrito, lo que planteó la interrogante sobre la competencia: ¿debía conocerlo la mando inmobiliaria o el tribunal civil ordinario? La inscripción corte respondió recordando que la mando inmobiliaria tiene competencia monopolio para conocer los derechos reales y su registro, pero subrayó que no toda influencia donde intervenga un inmueble debe ser trasladada automáticamente a esa mando especializada.

El criterio básico, según el Tribunal, radica en la naturaleza de la influencia. Si se proxenetismo de una pretensión personal, como una resciliación contractual por incumplimiento, corresponde al tribunal civil. En cambio, si la influencia averiguación modificar o afectar directamente el registro inmobiliario, debe zamparse en la mando inmobiliaria.

En el caso concreto, la demanda de resciliación fue calificada como una influencia personal, por lo que la competencia quedó en manos de la mando civil ordinaria. Con este razonamiento, el Tribunal Constitucional evita que una interpretación demasiado amplia desborde la mando inmobiliaria y, al mismo tiempo, protege la solidez del sistema registral frente a reclamaciones que no alteran los derechos reales inscritos.

Las implicaciones de esta atrevimiento alcanzan tanto a abogados como a jueces. Los primeros deberán precisar con anciano rigor la naturaleza de las pretensiones al momento de demandar, mientras que los segundos están llamados a motivar cuidadosamente las decisiones sobre competencia. Adicionalmente, el decreto averiguación predisponer el peligro de “forum shopping”, es sostener, la selección estratégica de tribunales para obtener ventajas procesales.

Este precedente confirma que el derecho inmobiliario dominicano se encuentra en constante cambio. El Tribunal Constitucional ha trazado una hilera interpretativa que equilibra la protección del registro con el agradecimiento de la autonomía contractual, un recordatorio de que no toda disputa sobre un inmueble pertenece, necesariamente, al ámbito inmobiliario.

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