La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (Aba) advirtió al Congreso Franquista sobre los riesgos legales y operativos que implicaría aprobar sin modificaciones el Esquema de Ley Universal de Alquileres de Riqueza Inmuebles y Desahuciosactualmente en estudio en la Cámara de Diputados.

En una carta dirigida al diputado Amado Díaz Jiménez, presidente de la Comisión Específico que analiza la iniciativa, la Aba plantea la afectación a principios fundamentales del derecho privado y financiero y el depósito obligatorio de la respaldo en entidades bancarias.

Asimismo hace consideraciones sobre la recibo de los contratos de inquilinato y su posterior notificación al regular/supervisor bancario.

La Aba manifestó su preocupación por las disposiciones que obligan a las entidades bancarias a percibir y tramitar las garantías de los contratos de inquilinato.

“Es obligaciones introducirían cargas significativas de cumplimiento, incluyendo el crecimiento de funcionalidades tecnológicas específicas, la segmentación de productos, la capacitación especializada del personal y la creación de mecanismos diferenciados” que identifiquen los depósitos clasificados como garantías de inquilinato.

“Variar dicha respaldo en un herramienta bancario obligatorio no solo distorsiona su finalidad flamante, sino que por otra parte introduce un tercer actor -la entidad financiera- en una relación que no tiene atribuciones legales claras”, indica el documento.

La comunicación fue entregada formalmente el 3 de julio de 2025 y remitida con copia al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.

“La imposición de esta obligación desborda la función financiera y convierte a los bancos en un actor involuntario en una relación jurídica privada entre casero e inquilino”, señala el documento firmado por Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la Aba.

Según la asociación, el mandato contenido en los artículos 15 y 16 del plan obligaría a las entidades financieras a percibir las garantías de inquilinato y a advertir los contratos al regulador bancario, lo que representaría una distorsión de su rol institucional y un peligro eficaz sin precedentes.

Inseguridad jurídica

La Aba advierte que esa redacción podría gestar inseguridad jurídicaya que los bancos no cuentan con mecanismos ni facultades para determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales entre inquilino y casero.

“La mandato de la respaldo como herramienta secundario al arreglo de inquilinato debe mantenerse en el interior del ámbito de autonomía de las partes y mediante acuerdo formalizado. Imponer a las entidades bancarias y rol activo en su empresa desborda su función financiera esencial y las expone a riesgos operativos, reclamaciones patrimoniales y conflictos que no les corresponde hacerse cargo”, indica la misiva.

Por otra parte, señalan que la ley permitiría la devolución cibernética de las garantías “sin más trámite”, lo que podría colocar a los bancos en una situación de responsabilidad sin contar con un proceso legislativo previo ni un consentimiento palmario entre las partes. Toda vez que “no se establece con suficiente precisión el régimen sumarial aplicable”.

La Aba solicitó a los legisladores revisar en profundidad los artículos señalados para evitar traslados indebidos de funciones y pidió un situación normativo que preserve la seguridad jurídica sin comprometer el rol del sistema financiero.

Concluye que están en disposición en colaborar con un proceso parlamento “en procura de una norma que logre el invariabilidad entre la seguridad jurídica de los contratos de inquilinato y el respeto a la función propia de cada actor institucional”.