El arbitraje de la Corte Suprema de EE. UU. que ha forzado al Gobierno del presidente Donald Trump a no imponer aranceles amparado en una ley de emergencia económica revierte los gravámenes adicionales con los que se penalizó a los países que suministran crudo a Cuba, aunque no prohíbe futuros castigos y rodea de incertidumbre la presente campaña de presión de Washington sobre La Habana.

A posteriori de que el mayor tribunal estadounidense considerara el pasado viernes que Trump se excedió al acoger la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (jeep) para imponer gran parte de sus impuestos aduaneros sobre otros países, el mandatario se vio obligado a firmar una orden ejecutiva ese mismo día para establecer “el fin de ciertas acciones tarifarias”.

Entre los aranceles que la Distribución Trump se ha gastado forzado a abolir se cuentan los que impuso Trump contra los suministradores de crudo a Cuba en una orden ejecutivala 14380, firma da por el propio Trump el pasado 29 de enero de 2026.

Esa orden 14380 establecía que, al considerar que las actividades del Gobierno cubano son una amenaza franquista para EE. UU., “se puede imponer un derechos ad valorem adicional a las importaciones de caudal que sean productos de un país extranjero que venda o suministre de otra modo, directa o indirectamente, petróleo a Cuba”.