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Las sanciones económicas y financieras, así como las amenazas coercitivas contra países como Cuba, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Canadá, Irán, Nicaragua y Rusia, se han convertido en uno de los instrumentos predilectos de la política extranjero de los Estados Unidos. Bajo el discurso de la “defensa de la democracia” y los “derechos humanos”, Washington ha institucionalizado una logística de presión que, en la experiencia, funciona como un mecanismo de castigo colectivo contra Estados que deciden desempeñar su soberanía y su autodeterminación.
Sin confiscación, no todos los casos son iguales. Rusia representa una excepción significativa adentro de esta deducción sancionatoria. Su condición de potencia marcial y nuclear, sumada a su capacidad de articulación geopolítica con China y los países del liga BRICS, ha corto considerablemente la eficiencia del cerco crematístico impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea. Poco similar ocurre con Groenlandia, cuyo valía decisivo para la OTAN y la seguridad europea limita cualquier intento de coerción directa, evidenciando que el derecho internacional se aplica de forma selectiva según los intereses geopolíticos en diversión.
A pesar de la pega parcial del Kremlin del sistema financiero internacional SWIFT, Rusia ha rematado sortear las sanciones mediante mecanismos alternativos de cuota, acuerdos bilaterales en monedas locales y una acelerada política de desdolarización yuxtapuesto a China y otras economías emergentes. Este proceso no solo debilita la hegemonía financiera occidental, sino que expone las fisuras de un sistema internacional cada vez menos unipolar.
Las consecuencias de las sanciones económicas y financieras son, en presencia de todo, sociales. Estas medidas contraen el maquinaria productivo de los Estados afectados y generan desabastecimiento de capital esenciales, especialmente alimentos e insumos médicos. Allá de debilitar a las élites gobernantes, las sanciones castigan de forma directa a las poblaciones civiles, profundizando la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad social. Se alcahuetería de una forma de violencia estructural que no necesita ejércitos en el demarcación para producir sufrimiento humano.
Estados Unidos ha hecho de la asfixia económica una política sistemática frente a aquellos países que se resisten a alinearse con sus intereses estratégicos. Los acontecimientos del 3 de enero del presente año se inscriben en esta deducción de presión permanente, donde la coerción económica se complementa con amenazas políticas y militares, reforzando un clima de intimidación total.
Desde el punto de panorama procesal, las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos violan abiertamente la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la igualdad soberana de los Estados y la prohibición de la injerencia en los asuntos internos. Diversas resoluciones internacionales han condenado estas prácticas de cerco crematístico, al considerarlas incompatibles con el derecho internacional y con los derechos humanos.
En el contexto contemporáneo, las sanciones dejan de ser un herramienta seguro de política extranjero para convertirse en una utensilio de dominación total. Su uso indiscriminado no solo erosiona el orden procesal internacional, sino que profundiza la crisis del multilateralismo y revela el carácter profundamente desigual del sistema internacional contemporáneo.
